Aunque la ley obliga a las empresas a inscribir sus ficheros informáticos en la Agencia Española de Protección de Datos, sólo un 6% de los negocios vallisoletanos lo han hecho.
En estos momentos únicamente hay 1.907 entidades inscritas de las 32.212 que deberían hacerlo, según confirma el INE y la propia Agencia.
Cada vez hay más tráfico de datos y se negocia con este tipo de información con fines comerciales. Los clientes y consumidores somos así más vulnerables al bombardeo de cartas y promociones que no hemos solicitado, pero que se ajustan a nuestras necesidades porque, al saber tanto de nosotros, los publicistas juegan con ventaja.
Las sanciones para las empresas que no cumplan con esta normativa pueden oscilar entre los 600 euros, si la infracción es leve, y los 600.000, si se les pilla en un renuncio muy grave.
Protección gratuita
Para averiguar qué saben sobre nosotros se puede consultar con www.agpd.es.
Si además decidimos que nadie facilite ningún tipo de información sobre nuestras vidas, existe una herramienta que borra esos datos, la Lista Robinson. Es un proceso que tarda de tres a seis meses y al que ya se han adherido 37.000 españoles a través de www.fecemd.org.
Sin alarmas
Desde la Agencia Española de Protección de Datos aseguran que el volumen de información que manejan las empresas varía mucho en función de su tamaño y del sector al que pertenecen. Son las pymes las que, por desconocimiento, no están cumpliendo. Las empresas grandes y con muchos datos, en cambio, sí que están registrando sus ficheros. El nivel de seguridad básico guarda contenidos sobre nombres, fechas de nacimiento, teléfonos... El medio incluye solvencia económica, personalidad o sanciones. Y el alto protege información íntima sobre ideología, salud, creencias o vida sexual.


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