El caso del actor Hugh Grant y su hija: cuando la Justicia aleja a los paparazzi

Salir de casa y encontrarse con una docena de fotógrafos. Ir a cenar y tener que usar gafas de sol para no ser cegado por los flashes. Rascarse la entrepierna y ser portada de todas las revistas al día siguiente. Son situaciones que viven a diario los famosos, pero ¿qué ocurre cuando se excede el límite? El último y más sonado caso ha sido el del actor Hugh Grant, pero antes que él recurrieron a los tribunales famosas como Amy Winehouse, Nicole Kidman, Nicole Richie, Lindsay Lohan o Telma Ortiz, en España.

El actor Hugh Grant logró que un juez británico emitiera una orden de alejamiento para su hija y la madre de ésta, que impide a los fotógrafos acercarse a menos de 100 metros de ellas. La ley británica ha apoyado el derecho a la intimidad de la actriz china Tinglan Hong y su hija, fruto de una relación esporádica con el actor, y que estaban siendo "acosadas" por la prensa.

En caso de contravenir la orden, que podría crear jurisprudencia en Reino Unido, los profesionales que intentaran acercarse podrían ver incautado su material fotográfico, ser multados o incluso enfrentarse a penas de cárcel.

En este caso el actor no solicitó su propia protección, sino la de su familia. Existen precedentes, aunque ninguno de semejantes proporciones, de personalidades que han acudido a los tribunales para proteger su imagen o simplemente, para ser libres de salir a la calle.

A 'celebrities' como Lindsay Lohan se le denegó una medida similar La fallecida Amy Winehouse ya consiguió de la justicia británica una orden de alejamiento similar, por la que no se permitía a una gran cantidad reporteros gráficos acercarse a ella ni fotografiarla en su casa o lugares públicos. La orden incluía a sus familiares y amigos, cuyas imágenes con ella tampoco podrían mostrarse.

Y es que la cantante llegó a temer por su vida. En declaraciones a The Guardian, su representante llegó a asegurar que "cuando se subía al coche la zarandeaban o la perseguían" y aquello acabó siendo "peligroso no sólo para ella, también para las personas de su entorno".

La actriz Nicole Kidman consiguió una pequeña victoria cuando un tribunal australiano dictó una sentencia contra los fotógrafos Jamie Fawcett, y Ben McDonald, que los obligaba a mantenerse alejados de la actriz y de su residencia de Sidney por lo menos 20 metros. En aquella ocasión los fotógrafos fueron sorprendidos merodeando por las cercanías de la residencia de la cantante.

Similar fue el caso de la también actriz Nicole Richie a favor de la que se emitió una orden de alejamiento contra dos paparazzi después de considerar que dos fotógrafos se propasaron en su afán por conseguir fotografiar a la actriz, provocando un accidente de tráfico. La Corte Superior del condado de Los Ángeles estableció que los reporteros gráficos no podrían acercarse a menos de 45 metros de Richie por un periodo de tres años.

Otras no tuvieron tanta suerte. Por ejemplo, la polémica y controvertida actriz Lindsay Lohan pidió una orden de alejamiento contra la prensa, porque según alegó, los fotógrafos que la seguían en sus desplazamientos no la permitían conducir con seguridad. No le sirvió de nada. Ante la perspectiva de que la actriz condujera estresada por este motivo, la clínica de desintoxicación donde se trataba le prohibió conducir.

La situación en España

En nuestro país una sentencia como la conseguida por Hug Grant no sería posible. Fuentes jurídicas consultadas por 20minutos.es recuerdan que el derecho a la información es una de las excepciones que contemplan derechos como el de la intimidad y la propia imagen.

De hecho, el artículo 20 de la constitución recoge el derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" y explicítamente dice que "no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa".

En España sólo existe un precedente en el que un personaje público ha solicitado medidas cautelares contra la mayor parte de la prensa. Telma Ortiz, hermana de la Princesa de Asturias solicitó en abril de 2008 ante el Juzgado de Primera Instancia de Toledo medidas para que los medios de comunicación se abstuvieran de "captar, publicar, distribuir, difundir, emitir o reproducir imágenes" suyas y de su pareja, a excepción de las que fueran tomadas en "ceremonias oficiales o actos de carácter protocolario".

En aquella ocasión la demandante ni siquiera solicitó la medida para toda la prensa, como en el caso de Grant, sino que lo hizo para una lista cerrada de medios, muy amplia, pero limitada.

La difusión de la imagen de un menor exige contar con el consentimiento de sus padres Su petición fue desestimada un mes después porque el juez consideró que Telma Ortiz tenía una proyección pública. La magistrada que desestimó la demanda distinguió los supuestos en los que debe protegerse la intimidad y el derecho a la propia imagen de particulares anónimos, amparados en la Constitución, y la de aquellos con proyección pública y cuya imagen es conocida, como en ese caso.

Según el ordenamiento jurídico español sí se pueden tomar medidas cautelares contra una persona en concreto, o contra imágenes o informaciones que antes de ser emitidas o publicadas podrían ser secuestradas por un juez, a la espera de su valoración, pero nunca contra un colectivo o la generalidad.

La gran preocupación de Hugh Grant, lo que le llevó a solicitar la orden de alejamiento era la protección de su recién conocida hija. En España la ley ya se ocupa de la protección de los menores frente a su aparición en medios de comunicación.

Según la Fiscalía General del Estado, la difusión de la imagen de un menor exige contar con el consentimiento de sus padres o representantes legales y aún contando con esos permisos, se trataría de una acción ilegítima si se considera que la imagen es contraria a los intereses del menor, por lo que el fiscal podría actuar en su defensa.

El pasado abril, una conocida revista del corazón tuvo que pedir disculpas por publicar la imagen de Leo, el hijo de los actores Penélope Cruz y Javier Bardem. En aquella ocasión la cara del niño era reconocible y la revista reconoció haber "violando su derecho a la intimidad familiar".

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