La Fiscalía ha mantenido este miércoles la petición de seis años de cárcel para el matrimonio de Gambia acusado de practicar la ablación a su hija de pocos meses en España, en el primer juicio celebrado en este país por mutilación genital femenina. El juicio, que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Teruel, ha quedado visto para sentencia después de que los propios padres de la menor y varios testigos prestaran declaración.

Este es el primer juicio por ablación que se celebra en España, ya que los anteriores se archivaron al demostrarse que se realizó fuera de territorio español y ser muy difícil determinar los autores del hecho, ha declarado a los medios de comunicación la fiscal de Alcañiz (Teruel) que ha llevado el caso, María del Carmen Modrego.

El Ministerio Fiscal ha mantenido su petición de seis años de prisión para ambos progenitores, al entender que dicha mutilación se realizó en España, ya que en la revisión pediátrica de los seis meses los profesionales no encontraron ninguna anomalía en la menor y sí una "ausencia de clítoris" en la de los doce meses.

La fiscal ha insistido en que en ese periodo no consta ningún viaje a Gambia, además de que los acusados aseguran que la ablación se realizó a la menor en su país de origen a la semana de nacer y por parte de los propios abuelos maternos, antes de trasladarse a España, donde ya vivía el padre de la criatura.

Todos los médicos que han declarado en la jornada de este miércoles -varios pediatras que atendieron a la niña y una forense- han coincidido en que fue fácil diagnosticar esa ausencia de clítoris, que "era evidente", y también en que la niña no presentaba ninguna otra lesión en la zona, ni inflamación ni enrojecimiento, por lo que han estimado que la ablación podría haberse practicado hace algunos meses aunque no han concretado cuántos.

Respecto a la posibilidad de que a la pediatra que realizó la revisión de seis meses se le hubiera pasado por alto tal circunstancia, la doctora ha remarcado que ella no es experta en estas cuestiones pero se ha mostrado capaz de detectar dicha mutilación en un bebé sin problemas, además de que en este tipo de consultas se mira expresamente el desarrollo de los órganos genitales.

En la jornada de este miércoles han declarado como testigos dos amigas de la madre de la niña, también de nacionalidad gambiana, y han dicho que ambas se enteraron de que había sido "cortada" -así se refieren a las menores que han sido sometidas a una ablación- a los pocos días de llegar a España, cuando fueron a su casa a visitarle y a enseñarle cómo se colocaban los pañales al bebé.

Han relatado que en ese momento la madre les comunicó a las dos mujeres que la mutilación sexual se había producido en Gambia a la semana de nacer y por parte de los abuelos maternos, procedimiento que, según ambos testigos, se practica de manera habitual en su país por motivos culturales y religiosos, "para bien" de la menor y nunca para hacerle daño.

Una de ellas, precisamente la persona que acompañó a la madre en la revisión de los seis meses, ha asegurado que la niña lloraba y movía mucho las piernas, ya que no quería que el médico la mirara, por lo que ha insinuado que quizá por eso la doctora no fue capaz de detectar la mutilación genital.

La fiscal ha preguntado varias veces a la segunda mujer que ha declarado si en la comunidad de gambianos que existe en Alcañiz una niña "no cortada" tendría problemas de discriminación o para casarse, y la testigo no ha respondido alegando no entender la pregunta aunque ha dicho que en Gambia sí.

La madre de la pequeña se ha acogido a su derecho a no declarar mientras que el padre ha remarcado que es consciente de que esta práctica es ilegal en España y "que está mal", aunque ha explicado que en Gambia se hace porque "es una cosa buena para ella" y la realizan personas "especiales" con utensilios también especiales por motivos culturales, religiosos y por tradición.

Ha resaltado que él no tenía conocimiento de que la ablación se hubiera producido, y por todo ello la Defensa, ejercida por el letrado Félix Gil, ha pedido la libre absolución de sus clientes.

El abogado insiste en que ha quedado demostrado que la ablación se produjo en el país africano y no en España y considera que la pediatra pudo cometer un error al no detectar la mutilación en la primera revisión.

UNICEF estima que 70 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a la ablación en África, aunque en los últimos años ha aumentado en Europa, Australia, Canadá y Estados Unidos como consecuencia de la inmigración. Esta práctica produce daños irreparables y puede causar la muerte, así como el contagio de sida y hepatitis, infecciones agudas y septicemia, entre otras enfermedades. A largo plazo es causa de infertilidad, infecciones crónicas, relaciones sexuales dolorosas y puede conllevar complicaciones durante el embarazo y el parto, tanto para las mujeres como para los recién nacidos.

Por ello, numerosas asociaciones y organizaciones no gubernamentales luchan contra esta práctica atroz, también perseguida en numerosos países europeos gracias al Convenio europeo para la lucha contra la violencia doméstica y hacia la mujer y su prevención, firmado el 11 de mayo de este mismo año por 20 estados miembros del Consejo de Europa.

En el texto del acuerdo se prevén medidas contra la violencia física y sexual, los matrimonios forzosos, la ablación del clítoris y los crímenes de honor, además de hacer hincapié en los elementos de prevención y educación contra el sexismo. En España, la mutilación genital femenina está penada con hasta 12 años de prisión y la retirada de la patria potestad de la menor.