En 2010 se contabilizaron 115 casos claros de discriminación hacia la comunidad gitana y el 32% de ellos se generaron en los medios de comunicación, según datos el séptimo Informe sobre Discriminación y Comunidad Gitana realizado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG).

El informe, que recoge uno a uno los hechos denunciados en los 64 centros de asistencia a víctimas de discriminación de la FSG en todo el país, explica que la mayor parte de los casos se produjo en los medios de comunicación, seguidos del empleo (17% de las denuncias), el acceso a bienes y servicios (11%), la vivienda (9) y la educación (8%).

En la presentación del informe, la responsable de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, ha lamentado que los medios de comunicación, "cuya labor debe ser la concienciación social", sean los responsables de tantos casos de discriminación hacia el pueblo gitano. "Una de las grandes barreras de la comunidad gitana es que siguen pesando sobre nosotros estereotipos y prejuicios negativos que lamentablemente en muchas ocasiones son reforzados por los medios", ha asegurado Giménez.

En cuanto a los casos más comunes de discriminación en los medios, Giménez ha precisado que ante cualquier suceso negativo, se menciona la etnia, "un dato que no aporta información a la noticia pero que, por el contrario, hace mucho daño a los gitanos". Respecto a las víctimas, el informe pone de manifiesto que siete de cada diez son mujeres, la mayoría de ellas de entre 16 y 30 años, un colectivo que, según Giménez, sufre una "doble discriminación: por ser mujer y por ser gitana".

El informe hace una mención especial el creciente "éxito" de los casos de discriminación y ataques a los gitanos en Internet, tanto en foros, como en blogs, correos o redes sociales, que incitan al racismo, la xenofobia e incluso la violencia. En este sentido, el informe recuerda que, según la propia doctrina del Tribunal Supremo, la libertad de expresión no puede ser invocada para legitimar insultos o ataques hacia la dignidad de las personas.

Por eso, la FSC considera que para avanzar en la igualdad, es necesario que los servicios policiales y juristas reciban formación especializada en la materia y en el tratamiento de los casos para dar una correcta atención a las víctimas y avanzar hacia protocolos de actuación contra la discriminación en todas las instituciones.