La familia de la víctima del crimen de Seseña (Toledo) puede acogerse a la Ley de Ayuda a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual de 1995 que canaliza determinadas peticiones de indemnización en "reducidos casos" muy específicos, según ha confirmado este martes el fiscal Superior de Castilla-La Mancha, José Martínez.
Ha sido durante una rueda de prensa, al ser preguntado por el hecho de que los padres de Cristina Martín, la menor de 13 años asesinada en Seseña hayan solicitado al Gobierno que reforme la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y haya demandado al Estado por "incumplir" las obligaciones que la legislación comunitaria le impone y no ofrecer una indemnización "justa" a las víctimas de delitos violentos.
La única solución
El responsable de la Fiscalía autonómica ha indicado que "algunas veces" la indemnización es "la única manera" en la que es posible resarcir a las víctimas "sabiendo que no puede paliar el daño que ha producido el delito".
También ha recordado que la responsabilidad de ese pago corre de cuenta del causante del daño y no del Estado, ya que "las arcas públicas no podrían soportar algo de tal magnitud", aunque sí está previsto "en casos muy sensibles" --especialmente donde por las vías ordinarias no es factible el resarcimiento por parte del causante del daño-- acogerse a esa Ley de Ayuda a Víctimas de Delitos Violentos.
El Juzgado de Menores de toledo impuso a indemnización de 300.000 euros para los padres de Cristina Martín tras su muerte.
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