La ex ministra envío dos cartas en las que alertaba de que la regulación que se había hecho en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva de empresas como Fórum o Afinsa era insuficiente.
Consideraba necesario perfeccionar esa regulación para contar con más recursos para ejercer una mejor labor de control sobre este tipo de actividades, ya que estaban afectados "un colectivo importante de consumidores".
El problema es que no se hizo nada de todo esto, según la ex ministra, y el Gobierno PP tampoco explicó a sus sucesores cuando se hizo el traspaso de poderes que estaba pendiente esta regulación.
Los expertos creeen que tanto el gobierno del PP como el actual se negaron a calificar la actividad de Fórum y de Afinsa como inversiones financieras, tal y como han apuntado ahora los fiscales en sus querellas.
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