El nuevo Congreso que saldrá de las elecciones generales del 20 de noviembre heredará más de una veintena de asuntos que la Cámara Baja dejó pendientes con su disolución, entre ellos ocho leyes propuestas por comunidades autónomas, incluyendo una reforma constitucional, así como el nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, de consejeros del Tribunal de Cuentas y de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, un total de 23 nombres que los partidos mayoritarios fueron incapaces de pactar en la recién terminada legislatura.

Con la disolución de las Cortes, el pasado 27 de septiembre, decayeron cientos de iniciativas, la mayor parte son proposiciones de ley y no de ley registradas por los distintos grupos parlamentarios y preguntas al Gobierno presentadas individualmente por sus señorías desde 2008.

Pero también han caducado un total de 26 proyectos de ley del Gobierno y 19 peticiones de comparecencia de miembros del Ejecutivo ante el Pleno del Congreso solicitadas por la oposición, seis de las cuales tenían como objetivo la exigencia de explicaciones al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre diversos temas.

Estatuto valenciano

De una legislatura a otra sólo sobreviven las propuestas procedentes de comunidades autónomas, las iniciativas legislativas populares y aquellos escritos que los ciudadanos envían a la denominada Comisión de Peticiones. A estos se añaden informes y solicitudes procedentes de otros órganos del Estado.

Según la relación de asuntos que trasladan a las nuevas Cortes aprobada por la Mesa de la Diputación Permanente, y que recoge Europa Press, cuando la Cámara Baja se constituya el próximo 13 de noviembre, encontrará en 'lista de espera' nueve textos remitidos por comunidades autónomas: Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana.

Precisamente de origen valenciano es la única propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía que recibirán las nuevas Cortes, afecta a la disposición adicional primera de esa norma autonómica, y pretende que se tenga en cuenta el criterio poblacional para determinar la inversión del Estado en este territorio.

Constitucional y tribunal de cuentas,

Un año en funciones

Respecto a los nombramientos pendientes, PSOE y PP tendrán que retomar en 2012 la negociación frustrada para la designación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que llevan casi un año en funciones, así como del sustituto de Roberto García Calvo, que falleció en mayo de 2008 y cuyo puesto no ha sido cubierto. El Tribunal de Cuentas, compuesto por 12 consejeros, también cumple este mes de noviembre un año en situación de interinidad.

También sigue en el aire la renovación de la mitad del Consejo de Administración de RTVE, seis de cuyos miembros tendrían que haber cesado en enero de 2010. Además, los partidos mayoritarios deberán pactar un nuevo presidente para la Corporación, cargo que están ocupando los consejeros de forma rotatoria desde el pasado mes de julio cuando Alberto Oliart presentó su dimisión.

Socialistas y 'populares' tendrán que decidir, asimismo, una vez arranque la X Legislatura, si nombran un nuevo Defensor del Pueblo o dejan al frente de la institución a María Luisa Cava de Llano, que accedió al puesto en junio de 2010 cuando finalizó el mandato de Fernando Múgica.

Siete leyes ciudadanas

Además, el próximo Congreso se encontrará sobre la mesa siete iniciativas legislativas populares. De ellas la única que ya ha pasado el primer filtro parlamentario y ha sido tomada en consideración es la relativa a la Televisión de Sin Fronteras, que pretende que las cadenas autonómicas se puedan ver en aquellas comunidades donde se comparta la misma lengua, y que recibió el respaldo de 670.000 personas.

También podrá debatirse en la X Legislatura la iniciativa legislativa popular "para el empleo estable y con derechos", dado que la Junta Electoral Central ya ha acreditado que cuenta con las 500.000 firmas requeridas.

Además, hay otras cinco ILP pendientes de recabar ese medio millón de apoyos, que versan sobre los temas más variados: Adopciones irregulares y robo de recién nacidos y menores durante la dictadura franquista y hasta los años 90, la declaración de los toros como Bien de Interés Cultural, la modificación del acceso a las profesiones de abogado o procurador o del régimen de personal de la Guardia Civil, y la regulación de la dación en pago para los créditos hipotecarios.

Asimismo, de la IX Legislatura, el Congreso ha dejado sin analizar la Memoria del Consejo del Poder Judicial correspondiente a 2010, y el informe de actividades del Consejo de Seguridad Nuclear correspondiente al mismo año.