La suspensión queda condicionada, según el auto de la Sala de lo Civil y Penal del tribunal vasco, a que Otegi no delinca en ese periodo.
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El auto basa su decisión en el informe del Ministerio Fiscal y la doctrina del Tribunal Constitucional, ante el que Otegi ha interpuesto recurso de amparo, según la cual las normas deben ser interpretadas en la forma mas favorable al ejercicio de los derechos fundamentales, como en este caso es el de la libertad.
La sentencia del Supremo, en recurso de casación, condenaba a Otegi como autor criminalmente responsable de un delito de injurias graves al Rey, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a un año de prisión.
En este caso concreto, también el Ministerio Fiscal había informado en sentido favorable a la concesión de la suspensión de la pena privativa de libertad al 'no apreciar peligrosidad en la persona de Arnaldo Otegi'.
Según se señala en el informe fiscal, de fecha 7 de abril de 2006, pese a la existencia de procedimientos penales contra Otegi, 'el contexto social en que los hechos presuntamente se cometieron y las circunstancias actuales, reflejan la imagen de una persona que no delinquirá en el futuro'.
Las acusaciones por injurias al Rey se remontan a febrero de 2003, cuando en una rueda de prensa Otegi llamó al monarca 'jefe de los torturadores', con motivo de una visita del Rey al País Vasco.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco absolvió en marzo de 2005 al líder de Batasuna al considerar que esas declaraciones eran 'claramente ofensivas, impropias, injustas, oprobiosas y ajenas a la realidad', pero que 'las restricciones a la libertad de expresión se deben aplicar con un espíritu de tolerancia, sobre todo cuando se trata de crítica en materia política'.
En octubre del mismo año, el Tribunal Supremo dictó sentencia condenando a Otegi a una pena de un año de prisión por injurias al Rey, y revocando la dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
INTERIOR PROHIBE CONCENTRACIONES
Por otra parte, el Departamento de Interior del País Vasco ha prohibido las concentraciones previstas para el próximo viernes ante las sedes del PSE en Vitoria y del PNV en Bilbao por considerar que enmascaran un acto de la ilegalizada SEGI.
Una tercera convocatoria, que no ha sido comunicada formalmente, frente a la sede del PSE en San Sebastián, tendría igualmente la consideración de ilegal al no haber cumplido en este caso sus convocantes los preceptivos trámites legales.
Interior no excluye que las movilizaciones planteadas por SEGI respondan a una decisión previa de buscar enfrentamientos con la 'Ertzaintza' para generar luego debates artificiales sobre dicha intervención.


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