El Gobierno había amenazado el lunes con intervenir esa administradora de pensiones y otra gestionada por el grupo español BBVA, si las compañías no traspasaban las acciones en un plazo de tres días.
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'Definitivamente éste (el decreto que ordena el traspaso) ya es un instrumento mucho más taxativo que nos impone ciertos plazos, los cuales nosotros no vamos a tener más alternativa sino de cumplir bajo protesta', dijo a periodistas el presidente de Futuro, Gonzalo Bedoya.
La administradora de pensiones Previsión, del BBVA, que el lunes había anunciado estar analizando el decreto, no se había pronunciado al respecto el martes por la tarde.
El traspaso de acciones forma parte del plan del Gobierno del presidente Evo Morales para que YPFB asuma el control de las productoras de crudo y gas: Andina y Chaco, así como de la empresa de ductos Transredes, firmas operadas hasta ahora por Repsol-YPF, Amoco y Shell, respectivamente.
Esa medida - clave para la 'refundación' de YPFB -, junto con la recuperación de la propiedad estatal sobre toda la producción de crudo y gas, configuran la nacionalización de hidrocarburos decretada el primero de mayo por Morales.
Bedoya dijo que, si bien Futuro estaba dispuesto a colaborar con el Gobierno boliviano, no renunciaba a 'la prerrogativa de reservarnos el derecho que la ley nos confiere si queremos lograr una absoluta transparencia' en el traspaso forzoso.
'Vamos a colaborar, es parte de la política nacional, que deviene no sólo del referéndum sino de la ley de hidrocarburos', agregó.
Un referéndum del 2004 y una ley de hidrocarburos vigente desde el 2005 ordenaron el traspaso de acciones dispuesto ahora por el Gobierno de Morales.
Las acciones afectadas, que representan poco menos del 50 por ciento de las tres empresas expropiadas, eran administradas por los fondos Futuro y Previsión en representación de los ciudadanos bolivianos desde un complejo proceso de privatización ejecutado en la década pasada.
La nacionalización de hidrocarburos, con la que el Gobierno de Morales intenta retomar el control estatal sobre el sector, incluyó también la expropiación parcial de una empresa de refinerías de la brasileña Petrobras y una compañía de logística, en las que los fondos de pensiones no controlan acciones.*.
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