Así figura en una moción que defenderá ante el Pleno el grupo parlamentario de IULV-CA, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que propone que dicho proyecto de Ley sea tramitado "por vía de urgencia" para permitir su aprobación "antes de que finalice la actual legislatura".

IU justifica la urgencia de poner en marcha la renta básica en el hecho de que Andalucía "se sitúa en todas las estadísticas disponibles a la cabeza de los índices de pobreza", que ya no solo afecta a los "sectores que tradicionalmente alimentan esta estadística, sino a miles de familias que pertenecen a la cultura del esfuerzo obrero, que han hecho lo indecible para facilitar la incorporación de sus hijos a la sociedad y que hoy se encuentran con la amenaza del desempleo hecha realidad".

En este sentido, la federación de izquierdas reclama como "pasos mínimos" ante esta situación una "mejora de la atención social que depende del poder autonómico, caminando hacia una gestión pública de los servicios que garanticen los derechos sociales emanados del Estatuto", unido a la "puesta en marcha inmediata de una renta básica que amortigüe las más lamentables consecuencias de la crisis".

Junto a ello, IULV-CA demanda un "programa de empleo público para la construcción y puesta en marcha de una red pública de servicios sociales, que garantice las infraestructuras y el personal necesario para dar una cobertura de calidad al derecho a la autonomía personal", así como el "desarrollo efectivo de los servicios de prevención y promoción de la autonomía personal incluidos en el catálogo de la dependencia, con el objetivo de que actúen como complemento del servicio de ayuda a domicilio".

Otras propuestas de IU pasan por "aumentar la cantidad de fondos transferidos a los entes locales para la gestión del servicio de ayuda a domicilio con carácter finalista"; crear un "Observatorio Andaluz de la Pobre*za y la Exclusión Social que cuente con la participación de las distintas administraciones, los movimientos sociales y el personal técnico necesario para desarrollar políticas preventivas"; evaluar la calidad de los servicios concertados con la empresa privada; y emprender una campaña informativa dirigida a los potenciales beneficiarios del salario social en Andalucía.