La Fiscalía Anticorrupción ha anticipado que retirará la acusación respecto a uno de los procesados en el caso 'Malaya', tras alcanzar un acuerdo con la defensa. El Tribunal encargado del juicio a la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha adelantado en la sesión de este miércoles que se dictará una sentencia absolutoria.

Así, el juicio ha comenzado con la lectura del escrito, en el que, "anticipando" los términos de las conclusiones definitivas que se expondrán en su momento, el fiscal retira la acusación por un delito de falsedad documental a Javier Pérez Villena, hijo del empresario Ismael Pérez Peña, que también llegó a un acuerdo de conformidad con el fiscal.

Así, se pide la libre absolución y el levantamiento de las medidas cautelares. Queda que las otras acusaciones, en nombre del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y la Junta de Andalucía, se pronuncien respecto a los acuerdos, pero el Tribunal ha mantenido su postura respecto a este acusado, aunque pendiente de ratificación por parte de dichas partes.

Este es el tercer acuerdo que se ha hecho público en el juicio del caso 'Malaya', que se ha retomado el pasado lunes día 17 con el cuarto y último bloque, en el que están acusados más de 50 personas, sobre todo exediles de Marbella y empresarios, y que continuará el lunes 24 con la práctica de más prueba.

El primero de los acuerdos ratificados fue el del empresario Pérez Peña, que reconoció que "efectuó un pago" de 180.100 euros requerido por Roca y la ex alcaldesa marbellí, Marisol Yagüe con el que pretendía que el Ayuntamiento agilizara frente a otros acreedores el pago de una deuda de más de un millón y medio de euros. También admitió haber regalado tres coches a Yagüe.

El segundo acuerdo ratificado fue el del acusado Carmelo Armenta, quien firmó un contrato de compraventa por el que presuntamente adquiría tres inmuebles sabiendo que era simulado y que la finalidad era justificar un dinero, en concreto dos millones de euros, que iba a recibir Roca del empresario Pérez Peña y que había sido intervenido por la Policía.

Tras estos acuerdos ya hechos público y ratificados, fuentes judiciales no descartan que se produzca un efecto dominó y, por tanto, la posibilidad de nuevas negociaciones y que se lleguen a concretar otros acuerdos de conformidad entre acusados y la Fiscalía Anticorrupción, que también supondrían beneficios en cuanto a las penas, tras el reconocimiento de los hechos. TESTIGOS

En la sesión número 99 del juicio, han declarado varias personas, una de ellas, una testigo que trabajaba para un concesionario y que vendió un coche, vinculado a la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe, el cual fue pagado "en efectivo" y el recibo se puso a nombre de una tercera persona que no era el propietario del vehículo. El titular, ha añadido, no hizo gestión alguna ante el concesionario.

Asimismo, ha declarado uno de los funcionarios de la Agencia Tributaria, que ha participado en toda la investigación, quien ha explicado que otro de los coches relacionados con Yagüe fue adquirido en el exterior y se matriculó en 2004 por una empresa, tras lo que se transfirió al que era compañero de la exalcaldesa, aunque no constaba pagado por él, sino abonado por otra sociedad.

Este perito ha señalado que de la información analizada sobre Yagüe no existían adeudos de compra, pedidos, reservas o pagos finales por la adquisición de los coches que hubieran salido de las cuentas, añadiendo, además, que los importes, según la documentación, fueron satisfechos "con efectivo", pagado por el exedil fallecido, Victoriano Rodríguez.

Asimismo, han declarado dos funcionarios de Policía Científica, quienes han indicado que las armas encontradas en el registro de la Jefatura de la Policía Local carecían de determinados requisitos, lo cual les impedían tener una guía de referencia, "luego su tenencia siempre sería ilegal".