La Audiencia Nacional llamará a testificar a Ángel de Cabo, actual dueño de Nueva Rumasa

  • Ángel de Cabo adquirió el pasado 8 de septiembre buena parte de las empresas que forman el conglomerado Nueva Rumasa.
  • El juez Pablo Ruz considera "pertinente" su declaración como testigo.
  • Varios trabajadores de Nueva Rumasa han intentado agredir a los hijos de Ruiz-Mateos, a su salida de la Audiencia Nacional, donde han declarado este miércoles.
Imagen de archivo de la Audiencia Nacional.
Imagen de archivo de la Audiencia Nacional.
EP
Imagen de archivo de la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha aceptado llamar a declarar como testigo a Ángel de Cabo, que el pasado 8 de septiembre adquirió a la familia Ruiz-Mateos buena parte de las empresas que forman el conglomerado Nueva Rumasa.

En un auto fechado el 17 de octubre, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 acepta así la petición de una de las acusaciones particulares personadas en la investigación penal que sigue la Audiencia Nacional contra los Ruiz-Mateos, por la presunta estafa cometida con los pagarés de las empresas del conglomerado.

El juez Pablo Ruz considera "pertinente" la declaración testifical de Ángel de Cabo, si bien pide que se realicen las actuaciones pertinentes para averiguar su domicilio y poder citarle.

Las empresas de Ángel de Cabo Back in Business 2011, Zendia Hispania y Gerbersa Inversiones, entre otras, han pagado un euro por cada una de las 19 empresas de Nueva Rumasa que han comprado, 18 de ellas con capital en Belice y representadas por Javier Ruiz-Mateos, Zoilo Pazos Jiménez y dos testaferros (Jesús Fraile y María Susana Álvarez Ampuero).

Entre las sociedades adquiridas se encuentran Ajerezada, Aqua Hotels, Bamingo Canarias, Bardajera, Bastimentero, Brizar Europa, Candetur, Complejo Bodeguero Bellavista, Europa Center, Free Size, Toribio y Abilio Nieto Gutierrez, Grupo Empresarial Apis, Inversiones Ruiz Mateos, Marqués de Campo Nuble, Nor-Sur Menorca, Nueva Rumasa, Promociones Monarch Cook y Pronadan.

Este miércoles han declarado ante la Audiencia Nacional cuatro de los hijos de José María Ruiz-Mateos (Alfonso, Francisco Javier, Pablo y José María) y su sobrino Zoilo Pazos Jiménez, que previsiblemente seguirán la estrategia de responsabilizar al patriarca de la familia de todas las decisiones adoptadas en el seno de las respectivas empresas.

El descontento de los trabajadores

A su salida, una veintena de trabajadores de las empresas de Nueva Rumasa han intentado agredir a tres de los hijos. Acababan de declarar como imputados por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y administración desleal.

En concreto, dos de ellos tuvieron que ser reducidos por los agentes de la Policía Nacional que escoltaban a Alfonso, Francisco Javier y Pablo Ruiz-Mateos a su salida de la sede judicial, tras intentar saltarse las vallas de seguridad que dividen la acera de la calle Génova.

Tras las incidencias, Francisco Javier Ruiz-Mateos mostró su comprensión con los trabajadores de Nueva Rumasa y añadió que "más de lo que se hace, no se puede hacer" en declaraciones a la prensa. Los tres hijos de Ruiz-Mateos abandonaron los juzgados en un coche de alta gama.

Por su parte, los trabajadores les despidieron con gritos de "ladrones", "sinvergüenzas" y "a la cárcel", y se dirigieron a los agentes diciendo "por qué les protegéis a ellos".

Los empleados de las empresas de Nueva Rumasa han estado desde primera hora de la mañana apostados a las puertas de la Audiencia Nacional bajo una pancarta que reza "Los trabajadores de Clesa y Royne no olvidamos".

Por su parte, Alfonso, Francisco Javier y Pablo Ruiz-Mateos declararon, por este orden, desde las 10.30 horas de la mañana ante el juez Pablo Ruz, quien les investiga junto a su padre, su madre, otros dos hermanos y un primo de estafar a los inversores en pagarés del grupo Nueva Rumasa.

Zoilo Ruiz-Mateos, quien declaró el martes ante el juez, reconoció por primera vez desde que el grupo se declaró en quiebra el pasado mes de febrero, que existen cerca de 2.500 inversores que depositaron unos 200 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción tiene identificados a 1.017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros.

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