El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), ha mantenido una reunión con el Jefe de la Policía Local, Francisco Manzanares, y con efectivos que integran dicho dispositivo para concretar las líneas de actuación y las zonas en las que se hará mayor incidencia. Así, ha resaltado que estas patrullas "estarán operativas de forma permanente y recorrerán todos los puntos" de El Ejido.

Con esta acción, se prevé preservar los espacios públicos del municipio "como lugar de convivencia y civismo", según comunica el Consistorio en una nota. De igual modo, el primer edil ha puntualizado que "lo que se persigue es garantizar el cumplimiento de las medidas que vienen recogidas en la Ordenanza Reguladora de Convivencia Ciudadana y de prevención de actos incívicos, con el fin de fomentar y promocionar las buenas prácticas en el espacio público".

Los efectivos velarán por el cumplimiento de las normas de conducta básicas en el espacio público, como por ejemplo en lo relativo a la protección del Medio Ambiente o las cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la limpieza en los espacios comunes, así como en lo concerniente a las horas de depositar la basura en los contenedores. También se incidirá en el caso de los excrementos de los animales de compañía, por lo que se ha solicitado, en estos casos, la colaboración de los vecinos propietarios de mascotas.

Las patrullas también velarán por el cumplimiento de la Ordenanza Cívica en aquellas actitudes vandálicas en el uso del mobiliario urbano y en el uso de los parques, jardines y zonas verdes, entre otros espacios, así como en el consumo de alcohol en los mismos. Con dicha ordenanza, el Ayuntamiento pretende "regular de forma adecuada la pública convivencia en su espacio", de tal modo que haga posible el ejercicio efectivo de los derechos y libertades individuales de cada persona en el seno de la sociedad vecinal, velando para que esa libertad individual de cada ciudadano no se traduzca en su ejercicio en una carga o limitación para otro y otros ciudadanos.

Por tanto, en dicha ordenanza se describen las conductas antisociales que deterioran la pacífica convivencia, así como aquellas otras que atentan contra el mobiliario urbano y las instalaciones de los servicios destinados al uso público y, en general, todos los edificios, instalaciones y elementos que constituyen el paisaje urbano, independientemente de su titularidad pública o privada.