Los trabajadores del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, han celebrado este martes una asamblea junto a otros empleados y líderes sindicales de las empresas participadas por el Ayuntamiento de Sevilla. Durante la asamblea, el comité de empresa ha dado cuenta de las "últimas gestiones" sobre el conflicto desencadenado en torno a la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por esta sociedad mixta, así como de la reciente reunión con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. Finalmente, los representantes de las plantillas de tres empresas municipales han rubricado un documento que resume un "frente común" en defensa de los servicios públicos y el empleo.

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha explicado a Europa Press que aproximadamente el 60 por ciento de la plantilla de esta empresa participada por el Consistorio hispalense y Mercasa ha asistido a la asamblea, que ha contado además con la participación de trabajadores y líderes sindicales de la sociedad municipal de Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam) y de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa). Los representantes de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) no han asistido finalmente al encuentro por motivos de agenda.

Entre la crispación y la resignación

Durante la asamblea, los representantes sindicales y la plantilla han debatido la difícil situación que atraviesa la sociedad gestora del mercado central de abastos. Mercasevilla, como es sabido, cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros y 2010 con 381.560 euros negativos, mientras sus previsiones apuntan a que podría cerrar 2011 con nuevas pérdidas por valor de 1,8 millones de euros y ya en breve podría sufrir graves problemas de tesorería, incurriendo incluso en una posible causa de disolución. Rafael Domínguez ha señalado que el comité de empresa ha avisado de que la plantilla podría ver suspendidos los pagos de sus nóminas y los empleados afrontan a veces con "crispación" y a veces "con resignación" esta situación.

La asamblea ha debatido también la posible reapertura del expediente de queja archivado en 2010 por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, a cuenta de la financiación del ERE de 2007, cuyo coste eleva a 9.046.976,95 euros y del que reniega la Consejería de Empleo pese a figurar en los documentos como fuente de los pagos. Finalmente, trabajadores y líderes sindicales de Mercasevilla, Lipasam y Emaesa han firmado un documento de "frente común" en defensa de los servicios y el empleo públicos.

El ere de 2007

En este marco destaca el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros y que supuso la prejubilación de 40 empleados. Y es que las indemnizaciones de estos trabajadores han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento. Aunque el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado varios documentos mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones en cuestión, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución".

El ERE de 2007, en ese sentido, figura en las diligencias judiciales relativas al posible delito societario perpetrado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y la supuesta trama de falsas prejubilaciones descubierta en expedientes de regulación de empleo incentivados con fondos autonómicos.