El pleno del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A), presidido por Joaquín J. Galán, ha emitido el dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y, en éste, propone que se pongan en marcha medidas que flexibilicen la financiación crediticia para la adquisición de vivienda protegida.

En concreto, el dictamen, realizado por la Comisión de Trabajo de Consumo, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del CES andaluz y aprobado por unanimidad del pleno con un voto particular, señala que dadas "las limitaciones de acceso al crédito a consecuencia de la actual situación económica", se pongan en marcha medidas coyunturales que permitan la flexibilidad en la financiación crediticia para la adquisición de vivienda protegida, así como de otras medidas de apoyo concreto —avales y créditos reembolsables, entre otros— que faciliten el acceso a la vivienda.

Asimismo, el CES-A considera que los cambios realizados en el proyecto de decreto van "más allá" de la adaptación a las citadas nomas, por lo que plantea la necesidad de que se justifiquen las razones por las cuales se llevan a cabo dichos cambios y "se aproveche la oportunidad de introducir otras modificaciones que, a juicio de este órgano, contribuirían a mejorar el texto y reforzarían los derechos y garantías de las partes interesadas en el mismo".

En este sentido, expresa sus dudas acerca de la eximente de formalizar contratos de arrendamiento en determinados supuestos o la eliminación de parte del contenido de las resoluciones de calificación provisional y definitiva, así como el silencio administrativo como respuesta a la solicitud de calificación definitiva de carácter negativo.

En su dictamen, el CES-A señala que los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, que se incluyen en la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, tienen como objetivo conocer de forma exacta la necesidad de vivienda protegida existente en cada municipio, así como darle la correspondiente respuesta desde los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Además, son un instrumento útil para que los profesionales del sector conozcan igualmente la demanda real y adecuen sus promociones a la misma.

Destaca, por tanto, que se trata de "una herramienta imprescindible" para dotar a los andaluces de una "oferta de vivienda suficiente, a precio asequible, que responda fielmente a los niveles de renta y a las necesidades de ubicación, características o tipología de las viviendas".

En este sentido, estima positivo que se haya atendido la sugerencia del Defensor del Pueblo Andaluz en cuanto a la ampliación de los demandantes que pueden ser inscritos en estos, extendiéndolos a aquellos que aún teniendo una vivienda en propiedad precisen de otra adaptada a sus necesidades familiares o personales.

Igualmente, el Consejo Económico y Social de Andalucía plantea, precisamente por el carácter básico de los registros como instrumento en la política social en materia de vivienda, que se prevea "un sistema alternativo a la inactividad municipal que no impida el cumplimiento de uno de los requisitos esenciales para ser demandante de vivienda y financiación protegida", y hace una llamada a la reflexión sobre la flexibilidad en la elección por los ayuntamientos de los sistemas de selección de las personas adjudicatarias, de manera que esa flexibilidad sea compatible con los criterios de justicia y equidad social.

Por último y junto a una serie de consideraciones al articulado del proyecto de decreto, el Consejo considera "oportuno" el establecimiento de un plazo concreto para la publicación de un texto integrado del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que ya está previsto en la norma. A este dictamen se ha presentado un voto particular por parte de un miembro del grupo tercero.