Un sacerdote de Zaragoza ha aceptado ser condenado a 29 meses de prisión por su participación en una red dedicada a favorecer matrimonios de conveniencia entre españoles e inmigrantes, cuando se encontraba al frente de la parroquia San Gregorio Ostiense de la capital aragonesa.
El acuerdo, suscrito el pasado viernes en una vista convocada sin publicidad por la Audiencia provincial a la que sólo asistieron las partes implicadas, condena a la misma pena a tres mujeres de Barcelona que habían ideado el fraude y al Arzobispado de Zaragoza como responsable civil subsidiario en el pago de las indemnizaciones a los perjudicados, han informado fuentes judiciales.
Estas condenas se derivan de un acuerdo entre la fiscalía y los letrados de la defensa que plantea la aplicación de una atenuante "muy cualificada", según las fuentes, de reparación del daño causado para reducir las penas inicialmente propuestas, 16 años para cada uno de los acusados por presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y usurpación de estado civil.
El acuerdo, que ha permitido suspender la vista que debía celebrarse por estos hechos este lunes en la Audiencia, se sustenta en el pago previo por parte del Arzobispado de Zaragoza de diversas cantidades económicas a las personas que resultaron perjudicadas por la red.
En su relato de hechos, asumidos por los acusados y el Arzobispado, la fiscalía asegura que el párroco, Francisco Javier H.O., en connivencia con las tres mujeres que conformaban la red, María Carmen B.C., perlita; Amparo C.J., bambani; y Josefa X.J., la chunga, ofició, entre abril y diciembre de 2007, cincuenta falsos matrimonios.
Según la acusación pública, la red se servía mayoritariamente de carnés de identidad sustraídos a mujeres de nacionalidad española, cuyas personalidades suplantaban las acusadas u otras para realizar los matrimonios.
Una mujer descubrió que la habían casado con un paquistaní y tuvo que iniciar los trámites de divorcioTambién ofrecían a parejas estables que tenían intención de casarse la posibilidad de hacerlo por medio de una "vía rápida" que les permitía evitar numerosos trámites, o captaban a mujeres españolas para casarse a cambio de una cantidad que oscilaba entre los 1.000 y 3.000 euros.
Los inmigrantes, en su mayoría hombres de nacionalidad albanesa o paquistaní y, en menor medida, mujeres inmigrantes, pagaban a la red entre 3.000 y 7.000 euros a cambio de un matrimonio fraudulento que les permitía legalizar su situación administrativa en España y obtener permisos de residencia familiar comunitario y de trabajo.
El párroco, relata el fiscal, no sólo no exigía la dispensa necesaria para salvar el impedimento de una posible diversidad de cultos, sino que se prestaba a la búsqueda de domicilios inexistentes en Zaragoza para no tener que realizar las amonestaciones, necesarias para las contrayentes domiciliadas en otras provincias, como figuraba en los carnés de las suplantadas.
Además, él mismo se encargaba de remitir toda la documentación al Registro Civil de Zaragoza para su inscripción, y recogía los libros de familia para entregarlos a los contrayentes, cobrando entre 300 y 600 euros correspondientes a las tasas eclesiásticas.
El número de mujeres perjudicadas por la red se sitúa en torno a las cincuenta, una de las cuales decidió personarse como acusación después de conocer que estaba casada con un paquistaní y verse obligada a iniciar un procedimiento de divorcio.
La investigación se inició a raíz de la alerta dada por el juez del Registro de lo Civil de Zaragoza, ante los numerosos matrimonios entre inmigrantes y españolas que se llevaban a cabo en la parroquia del acusado.
En 2008 fue detenido el párroco, quien, según el fiscal, trató de resistirse de forma violenta al arresto, causando lesiones a uno de los agentes, hechos por los que ha sido objeto de una condena menor de arresto.
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