El texto, aprobado en 2002 cuando la violencia entre israelíes y palestinos estaba en su pleno apogeo, ha impedido que cientos, y posiblemente miles, de palestinos se reunieran con sus esposas, maridos, hijos y padres, y que vivieran como ciudadanos árabes en Israel.

Una comisión de 11 jueces se manifestó a favor de no enterrar la ley por seis votos frente a cinco.

"Este es un día muy negro para el Estado de Israel y también un día negro para mi familia y para otras familias que están sufriendo como nosotros", dijo Muad el Sana, un abogado árabe israelí que está casado con una mujer palestina de la ciudad cisjordana de Belén.

"El Gobierno está impidiendo a la gente que tenga una vida familiar normal a causa de su nacionalidad", agregó El Sana a la Radio Israelí, minutos después de que se anunciara la decisión del Tribunal.

El Gobierno israelí ha repetido que la ley se basa en preocupaciones de seguridad, aunque también las restricciones responden a un asunto demográfico: el temor a que la mayoría judía del país se vea amenazada porque demasiados palestinos tienen la nacionalidad garantizada.

Sin embargo, los críticos de la ley la han calificado de racista y discriminatoria.

Amnistía Internacional ha pedido a Israel que derogue el texto, calificándolo de "explícitamente discriminatorio".

"Había deseado y esperado que el Tribunal Supremo fuera el último campo de batalla de protección de la democracia", consideró la diputada Zehava Galon, del partido Meretz, a Radio Israel.

Por su parte, Orna Kohn de Adalah, un grupo que lucha por los derechos de los árabe israelíes, dijo que la decisión del tribunal provoca "graves daños a los derechos básicos de miles de miles de personas".

"Tengo miedo de que el mensaje que el Tribunal Supremo transmitió hoy permita legislación racista adicional", declaró a Israel Radio.

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