La vicepresidenta precisó en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que "el Gobierno va a ser sensible, estudiando, como ya lo está haciendo, la posibilidad de adoptar medidas de apoyo para aquellas economías más precarias que se resientan en el transcurso de tiempo que se prolongue el proceso judicial".
No obstante, indicó que lo deseable es que en el proceso judicial se determinen los activos de las empresas intervenidas, tanto mobiliarios como inmobiliarios, así como los posibles seguros suscritos, para que con ellos se pueda hacer frente a los compromisos asumidos con los clientes.
La vicepresidenta dijo que lo primero es apoyar a las personas que han sufrido esta presunta estafa y para ello es preciso saber qué personas, cuántas y en qué cuantías han sido estafados, "en ello estamos trabajando".
El Ejecutivo se dirigirá a la Audiencia Nacional para que se cree una ventanilla única de información.
De cara al futuro, añadió, el Ejecutivo estudiará, junto a las CC.AA y el resto de grupos políticos, modificaciones legales para incrementar "la seguridad y transparencia" en este tipo de inversiones por parte de los ciudadanos, "con mayores garantías" que hasta ahora.
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