Los diputados del PP piden la dimisión de Alonso

Algunos parlamentarios del PP están solicitando la dimisión de Alonso después de conocerse que el lunes la Audiencia Provincial condenó a penas de prisión a tres policías por la detención ilegal de dos militantes del PP en una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en 2005.

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El Partido Popular, que ha calificado la condena de 'muy grave', ha pedido que las responsabilidades políticas se extiendan al ex ministro del Interior Alonso, titular en la actualidad de la cartera de Defensa.

El presidente del Congreso, Manuel Marín, expulsó a Pujalte del hemiciclo después de llamarle tres veces al orden. Pujalte fue aplaudido por su compañeros de formación e incluso hizo una reverencia al abandonar el pleno.

'El presidente entiende que le ha advertido con suficiente claridad y le ruego que se ausente del hemiciclo', dijo Marín ante las protestas de los diputados populares.

Tras su expulsión, Pujalte afirmó en declaraciones a la Cadena Ser que considera que Marín 'está en una actitud de sobreprotección al ministro Alonso' y aseguró que lo que ha ocurrido hoy con las increpaciones es una situación frecuente en el Congreso.

Por otro lado, los diputados de la Asamblea de Madrid protagonizaron también una protesta durante la intervención del portavoz del Grupo Socialista en la capital, Rafael Simancas.

'Señorías del Grupo Popular (...) el reglamento exige a los diputados no provocar desorden con su obra, conducta o palabra. Les ruego que se sienten', pidió la presidenta de la Cámara, Concepción Dancausa.

Durante la marcha de la AVT celebrada el 22 de enero de 2005 en Madrid resultó increpado el entonces ministro de Defensa José Bono, y tres días después los dos militantes 'populares' Antonia de la Cruz e Isidoro Barrios fueron detenidos.

Dos de los agentes están condenados a la pena de dos años de prisión cada uno por el delito de detención ilegal y a la inhabilitación absoluta por un tiempo de ocho años. Además deberán indemnizar a los dos militantes con 12.000 euros cada uno.

Según la Audiencia Provincial, los dos militantes 'sufrieron un daño moral, primero al ser detenidos y luego al aparecer ante la opinión pública como imputados de unos hechos que no habían cometido'.