Petrobras rechaza a los directores estatales de filial boliviana

La actividad de Repsol YPF en Bolivia dista mucho de ser ejemplar. Y queremos señalar sólo algunos ejemplos de ello. En primer lugar, en este país no existen redes de gas en las ciudades y el gas en garrafa es distribuido por las petroleras a precios internacionales (35 dólares por barril en 2003), cuando el costo en boca de pozo es de 1 dólar por barril. De hecho, Bolivia tiene el menor coeficiente de consumo de gas per cápita del continente.

Además, Repsol YPF se encuentra actualmente acusada de contrabando de hidrocarburos, dejando de pagar los consiguientes impuestos al Estado boliviano. Y ése no es el único juicio con el que se enfrenta, ya que también está acusada de inscribir como propias reservas que pertenecen al Estado boliviano.


Las actividades de Repsol YPF afectan en este país a varios Parques Nacionales y se superponen a 17 Territorios Indígenas de la región amazónica y Chaco.


Repsol YPF tiene la concesión del Bloque Sécure. El Bloque se superpone con varias áreas protegidas por la ley: el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el Territorio Indígena Chimán, el Área de Protección de la Cuenca Eva Eva - Mosetenes, el Territorio Indígena Multiétnico y el Bosque Permanente de Producción Chimanes. El Bloque Sécure afecta, por tanto, a comunidades de colonos quechuas y a los territorios originarios de yurakarés, moxeños y chimanes. Tal como ocurre a menudo, las actividades de exploración de la empresa comenzaron de manera ilegal antes de la realización del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual, por cierto, fue redactado en Estados Unidos solamente a partir de referencias bibliográficas.

Desde 1995 la población local del TIPNIS lucha contra la explotación petrolera. A modo de “indemnización”, la población recibió “ayuda humanitaria” por parte de la empresa, la cual consistía en bloques de repelente para mosquitos o cuadernitos y tiza. Los cultivos destrozados por las prospecciones nunca fueron compensados y, cuando concluyeron, la empresa abandonó la zona incumpliendo el Plan de Abandono y Restauración, que incluye un cronograma para dejar las zonas afectadas como se encontraron.

En 1998, la población se organizó para oponerse a una nueva exploración sísmica de Repsol YPF en el Parque Nacional Isiboro Sécure. Tras la cual se firmó un acuerdo con la Dirección del TIPNIS y las organizaciones campesinas e indígenas, en el cual se limitaba al compromiso de dotación de equipos de radio, la reparación del camino y a la conformación de un equipo mixto de monitoreo en el cual estuvieran representados todos los actores del área. El convenio ni siquiera fue cumplido, y se denunció más adelante la violación de la normativa ambiental, así como el tráfico de animales.

En 1999, sin consulta a las comunidades locales, ni permiso por las autoridades ambientales competentes, Repsol YPF entró en el Territorio Indígena Multiétnico para acceder al Pozo Eva Eva. Desde entonces los impactos ambientales y sociales fueron continuos, hasta que en 2001 Repsol YPF abandonó el pozo, tras comprobar que el yacimiento no tenía la suficiente presión para ser explotado.


El Parque Nacional Amboró constituye el área protegida más meridional de la cuenca amazónica. Desde 1984, quedó como un área protegida libre de habitantes humanos y rodeada de comunidades campesinas involucradas en el aprovechamiento sostenible y la conservación de la biodiversidad. Sin embargo se superpone con el Bloque Amboró-Espejos de Andina S.A. (propiedad de Repsol YPF), la cual expresó su intención de empezar los estudios para la realización de una explotación petrolera. Ante el anuncio, la población local se organizó protestando por la afectación de su territorio (que ellos aceptaban no cultivar para protegerlo). Después de 6 meses de lucha y resistencia, Andina tuvo que retirar el proyecto.

En el campo Surubi, operado por Repsol YPF, el 30 de junio de 2005, al prender un cigarrillo a orillas de una laguna aledaña al pozo, Emilio Uceda y sus hijos Edgar (18 años) y Mario (13 años) sufrieron los efectos de una explosión del gas acumulado por el venteo ilegal. El padre y el niño fallecieron por las quemaduras, mientras que el hijo mayor permanece hospitalizado. Lejos de asumir plenamente su responsabilidad en el accidente, la actuación de Repsol YPF fue una vez más cuestionable, ya que negó el acceso a las autoridades ambientales competentes al incendio y a la planchada Surubi D, donde se sigue emitiendo gases.

Para llevar su gas situado al sur de Bolivia al mercado brasileño sin pagar por el uso del Gasoducto Yabog –I, las empresas operadoras en los Bloques San Antonio y San Alberto (entre las que se encuentra Repsol YPF) elaboraron el proyecto de construcción de otro gasoducto paralelo, Yabog –II o Gasyrg. Se trata concretamente de un ducto que destruye más de 430 km de bosques tropicales. A pesar de que el número de pobladores afectados es de 15.000 personas (indígenas weenhayek y guaraníes) y que sus organizaciones expresaran una oposición rotunda, el proceso continúa.


Un último ejemplo es el Campo Margarita en el Bloque Caipipendi. Se trata de un yacimiento que fue casualmente “redescubierto” para pagar menos impuestos al Estado boliviano. En esta región se ubica también un caso particular: Tentayapi (“el último pueblo”). No se trata únicamente de la “última morada” en el sentido geográfico, al encontrarse en un área muy retirada del territorio guarani, sino también en el sentido cultural. Esta comunidad de 400 habitantes es reconocida como la que ha preservado con mayor fuerza los valores, modo de vida, conocimientos y la espiritualidad guaraníes. Hoy, resiste firmemente a un proyecto de exploración sísmica de Maxus (Repsol YPF).