La juez de instrucción decretó este jueves el ingreso masivo en prisión de presuntos proxenetas vinculados a los prostíbulos encubiertos en Barcelona, sobre todo, en el distrito del Eixample. En total, ya están en la cárcel 21 de los 22 detenidos en la macrooperación que los Mossos d’Esquadra desplegaron el pasado día 26 en centros de estética y otros establecimientos regentados por chinos, algunos de ellos supuestos prostíbulos encubiertos.

Según explicaron fuentes judiciales, la juez Míriam de Rosa Palacio sólo ha dejado en libertad (con cargos, pero sin fianza) a uno de los 22 arrestados. Ella es quien dirige la investigación policial contra la mafia china de la prostitución, una operación que sigue abierta, por lo que todavía no se ha levantado el secreto de sumario.

El lunes, agentes de los Mossos d’Esquadra registraron varios locales y pisos donde se sospechaba que se ejercía la prostitución de forma encubierta. De hecho, hace unos meses, 20 minutos ya informó de la proliferación en la calle de distribuidores de tarjetas de prostíbulos que derivaban a viviendas, en las que el sexo sin protección con mujeres de origen oriental servía como reclamo para los clientes. Incluso se investiga si habían obligado a menores de edad a prostituirse.

La decisión de la juez de enviar a prisión a más de una veintena de detenidos por su presunta vinculación con los prostíbulos encubiertos llega en un momento en que, fuera de la ciudad de Barcelona, los ayuntamientos del área metropolitana están intentando erradicar también la prostitución de las carreteras. No obstante, pese al incremento de sanciones, el fenómeno persiste día tras días.

Un caso paradigmático es Tordera, municipio que lucha contra este fenómeno desde el año 2009 con una nueva ordenanza de civismo, tal y como se ha hecho en Barcelona y otras poblaciones. En dos años, en Tordera se han impuesto más de 500 multas, pero el Ajuntament reconoció ayer que hace falta una legislación estatal o catalana, porque la presencia de prostitutas en la N-II no ha cesado pese a las sanciones.

"Problema de seguridad"

"Debemos buscar otras soluciones, ya no sólo en el dominio municipal, sino a través de otras instancias", afirmó el teniente de alcalde y coordinador del Gobierno municipal, Josep Llorens, quien considera que la prostitución en la carretera puede suponer, además de un conflicto vecinal o social, un problema "de seguridad". La ordenanza de civismo de Tordera prohíbe tanto el ofrecimiento de "servicios sexuales retribuidos", como las relaciones consumadas en el espacio público y, en función de la gravedad de la infracción, se prevén multas de entre 300 y 1.000 euros.