El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha anunciado este jueves que está "muy próxima" la publicación de la Orden mediante la que se adaptará la normativa nacional sobre la cuantía máxima que percibirán las personas dependientes clasificadas en el nivel II del grado I, cuyo grado de dependencia es moderado.

En el transcurso de una comparecencia solicitada por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Eduardo Alonso, en el Pleno de las Cortes de Aragón, Ricardo Oliván ha recordado que el 1 de enero pasado entró en vigor el Decreto del Gobierno de España que marca las pautas para pagar estas prestaciones, por lo que ahora es obligado aprobar la Orden aragonesa para desarrollar el Decreto.

Oliván ha arremetido contra los responsables del anterior Gobierno de Aragón, de mayoría socialista, al afirmar que el presupuesto asignado en 2011 para pagar las prestaciones de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia es de 84,7 millones de euros, pero las necesidades reales se sitúan en 113 millones de euros.

El déficit es de 28,7 millones de euros, ha asegurado Ricardo Oliván, quien ha añadido que el pasado mes de mayo, cuando se celebraron las elecciones autonómicas y locales, se había gastado el 75 por ciento del total.

El titular de Bienestar Social ha resaltado que la atención a la dependencia es una de las prioridades del Departamento y que, a fecha de hoy, perciben prestaciones 23.729 personas. Ya se han implantado las ayudas correspondientes a los ciudadanos dependientes de grados II y III, los más graves, y quedan los moderados.

"Aragón se encuentra por encima de la media de las comunidades" autónomas, ha proseguido Ricardo Oliván, quien ha restado importancia a las críticas vertidas por los socialistas, quienes han acusado al PP de reducir el número de beneficiarios, una reducción "manifiestamente viciada" que se debe a que en los últimos días del anterior Gobierno se depuró el listado para desechar a los fallecidos.

Para consolidar el sistema de prestaciones de atención a la dependencia el consejero acometerá la racionalización de la estructura gestora, asignará los créditos presupuestarios "suficientes" e impulsará la red de centros y servicios.

Una de las primeras medidas, que se pondrá en marcha con carácter "inminente", será la creación de oficinas de atención a la dependencia para realizar una gestión "más racional, eficaz y eficiente".

El diputado socialista Eduardo Alonso ha alertado de que el actual Gobierno de Aragón "cada vez está tardando más en conceder estas ayudas", tras lo que ha indicado que ha descendido el número de beneficiarios desde que el PP llegó al Ejecutivo.

El parlamentario ha dicho que el retraso de la anterior Administración en la concesión de las ayudas era "normal", pero ahora "se ha ralentizado más". De hecho, Aragón ocupa el octavo lugar entre las comunidades autónomas según el grado de aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, cuatro puestos menos que con el Gobierno autónomo socialista.

Alonso ha criticado la lentitud con que se cubren las plazas en las residencias geriátricas, aunque ha reconocido que en 2009 y 2010 hubo un "serio frenazo nacional" en esta área. Alonso ha preguntado cuántas plazas se han quedado sin reponer.

"Nos preocupa la parálisis general del Gobierno", pero más el "desmantelamiento" del Estado del Bienestar, ha indicado Alonso, quien ha opinado que los servicios de atención a la dependencia son "esenciales" en Aragón por el envejecimiento y la dispersión de la población.

A día de hoy, el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) se asigna en un plazo de cinco meses y la media de espera para recibir las ayudas de urgente necesidad se ha duplicado, según datos de Eduardo Alonso, quien ha añadido que también es larga la espera para recibir ayudas a la educación familiar.

La diputada de IU, Patricia Luquin ha preguntado al consejero si va a recortar las prestaciones y "de dónde" va a conseguir los recursos necesarios para pagarlas. "Esta ley necesita dinero", ha dicho Luquin, quien ha dicho que los beneficiarios necesitan las ayudas con urgencia.

Luquin ha continuado afirmando que la Ley de Atención a la Dependencia es una ley de derechos y que el Departamento "tiene la obligación de garantizarlos".

La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, se ha cuestionado "cuándo vamos a tener un plan de infraestructuras" y ha mostrado su preocupación por la prestación del servicio en el medio rural. También, cómo se va a realizar la modernización de infraestructuras y cómo se van a formar los profesionales del sector. "Hay que crear empleo de calidad".

La diputada del PP, Carmen Susín, ha señalado que en 2010 el Gobierno socialista presupuestó 115 millones de euros aproximadamente y para 2011 se presupuestaron 84 millones, a lo que ha añadido que en la provincia de Zaragoza hay unas 3.000 personas con dependencia moderada que no reciben su prestación.

María Herrero, parlamentaria del PAR, ha recomendado al consejero Ricardo Oliván que mejore el sistema informático porque "es increíble lo que ha ocurrido con los fallecidos" y ha solicitado que se cumplan los plazos estrictamente.