La Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas ha denunciado que muchas mujeres "tienen que superar una verdadera carrera de obstáculos" para que la interrupción de un embarazo sea cubierto por el sistema público de salud.

En un informe sobre la Situación actual de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria de Embarazo en el Estado Español. Entre la teoría (legal) y la práctica (real), esta coordinadora, que agrupa a una docena de organizaciones feministas de todo el país, realiza un diagnóstico sobre la norma tras año y medio de aplicación. El informe revela "la enorme distancia que separan los derechos reconocidos en el texto legal, con su puesta en práctica por parte del Gobierno central y las comunidades autónomas".

La "inhibición" de la administración central por hacer cumplir la norma, junto con "la libertad de las administraciones autonómicas para interpretar las leyes de acuerdo con sus circunstancias y signo político de sus gobiernos, está provocando que las mujeres sigan teniendo importantes dificultades para acceder a un aborto a través del sistema público sanitario", denuncia el informe.

Esto ocurre, según las feministas, a pesar de que la nueva ley establece que la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación incluida dentro del sistema público de salud y que, en cualquier caso, debe estar garantizada. Según la coordinadora, las dificultades cuando las mujeres quieren acceder a una interrupción del embarazo "son muchas y muy diversas", y van desde la inaccesibilidad hasta la burocratización del proceso y los retrasos en el retorno del pago que deben adelantar en algunos casos.

El estudio pone de manifiesto que la derivación de las mujeres hacia las clínicas privadas es muy variada en función de las comunidades autónomas. Además, dependiendo de la semana de gestación en la que se encuentre (12, 14 o 22 semanas), una mujer podrá acceder o no a una clínica acreditada dentro de su provincia o autonomía, o tendrá que ir a otra comunidad.

En materia de educación afectivo-sexual, la ley "no es más que una simple y muy tímida declaración de intenciones", ya que el informe no aprecia "la más mínima voluntad política, ni por parte del Gobierno central ni de los autonómicos, de desarrollarla". Respecto a la anticoncepción, la coordinadora denuncia que la igualdad y la equidad en el acceso y la gratuidad "queda en entredicho por la disparidad de situaciones" dentro del territorio nacional.