Fernando Fernández Torres, vicepresidente y portavoz de EMED Tartessus en España, filial del grupo chipriota EMED Mining Public Limited y gestora de la mina de Riotinto en la localidad de Minas de Riotinto (Huelva), ha dimitido de sus funciones, tras criticar la pasada semana en una rueda de prensa a la Junta de Andalucía cuando aseguró no comprender "cómo uno de los tres mayores proyectos industriales de Andalucía, y con total seguridad, el que puede generar empleo más rápidamente, siga navegando en círculos", según han informado a Europa Press fuentes de la compañía.

Además, la empresa ha indicado en su boletín que Fernández, ya de vuelta en Mozambique, donde tiene cargos ejecutivos en otra compañía, "no tenía instrucciones de expresar públicamente su frustración o criticar a la Junta de Andalucía", por lo que han insistido en que "para evitar o añadir confusión ha decidido dejar su puesto como vicepresidente de EMED en España, así como sus funciones como portavoz de la empresa", aunque han asegurado que "continuará asesorando y apoyando un proyecto que ocupa un importante lugar en su corazón".

Del mismo modo, la compañía ha asegurado que Fernández "es la última persona que querría menoscabar la reputación de la Administración andaluza o de la empresa, ni dañar la relación de confianza entre ambas".

El pasado jueves Fernández reclamó a la Junta de Andalucía que aprobara el proyecto que ha presentado para la reapertura de esta mina, que permanece sin explotar desde el año 2000, porque, de lo contrario, "la credibilidad de Andalucía y de la industria española se verá seriamente afectada".

Así lo señaló en el transcurso de un desayuno informativo Fernández Torres, quien recalcó que su empresa "no puede esperar más" para impulsar "uno de los tres mayores proyectos industriales de Andalucía", que prevé crear más de 1.000 puestos de trabajo, de los cuales, 450 serán directos.

En ese sentido, Fernández apeló "a los criterios sociales y al sentido común de los políticos" para que "se ponga fin a esta situación de manera inmediata", a la vez que remarcó que "ya no puede caber duda de la capacidad financiera ni de la técnica" de la empresa, que está "absolutamente demostrada".

Ese mismo día, la Consejería de Economía lamentó en un comunicado estas "informaciones incorrectas", acusando a la administración de obstaculizar la reapertura de la mina lanzando de esta forma un "doble mensaje" que lo único que consigue es "obstaculizar el proceso de reapertura de la mina" y los trabajos que se están realizando para este fin, ofreciendo una imagen de descoordinación dentro de la propia empresa y de los objetivos de la misma.

En este sentido, la Junta defendió su gestión y lamentó el "doble mensaje" de la empresa al reclamar agilidad pero tardar "cinco meses" en entregar la documentación solicitada. La Consejería de Economía recordó que ha sido la propia administración la que en el mes de marzo de este año, consiguió desbloquear la difícil situación jurídica en la que se hallaba Minas de Riotinto.