La convocatoria de ofertas públicas de empleo (OPE) en los próximos días, la supresión de duplicidades en el proceso de reordenación de la plantilla de la Administración Pública y los concursos sucesivos son tres de las claves de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.

El director general, Ignacio Murillo, ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón a petición del Grupo Socialista, para explicar que no habrá un macroconcurso público para reordenar la Administración autónoma, sino que se convocarán varios "concursos sucesivos".

Murillo ha explicado que estos concursos se convocarán desde el escalón superior, para que los empleados públicos de este nivel en comisión de servicios o realizando trabajos especiales dejen libre —si es el caso— la plaza que tenían en un escalón inferior, mecanismo que debe asegurar la eficacia del proceso, que será largo.

"Hay puestos pisados sucesivamente por varios funcionarios", ha señalado Murillo, quien ha expresado que el problema surge cuando un funcionario tiene plaza en un escalón y ocupa provisionalmente plaza en el mismo.

"Existe un grave problema derivado de la situación de provisionalidad", ha reconocido, porque afecta a funcionarios de carrera. La reducción de situaciones de provisionalidad "es una garantía de funcionamiento eficaz".

El director general ha expuesto que, de los 8.500 funcionarios de los servicios generales, 1.223 están en situación de comisión de servicios y hasta 1.500 en total están en una "situación provisional". Son "magnitudes que revelan la gravedad del problema". DUPLICIDADES

Se negociaciará con los sindicatos para organizar los concursos sucesivos. "Por supuesto que se van a perder plazas de empleo público" dentro del proceso de "reconversión de la Administración", ha señalado para lamentar que "hay evidentes duplicidades" y con toda probabilidad "alguna" plaza "se pierde en el camino".

En todo caso, ha subrayado Ignacio Murillo, el Ejecutivo no tiene "ninguna intención de recortar los servicios esenciales". El tratamiento de los servicios generales será "singularmente diferente" porque hay "margen de maniobra".

Uno de los factores determinantes de la política de personal deriva de "la grave situación de provisionalidad de la plantilla" de la Administración autónoma, ha señalado el director general, quien ha recordado que las leyes nacionales obligan a fijar tasas de reposición, la relación entre el número de funcionarios que se jubilan y los que acceden. Esta tasa ha bajado notablemente desde el 100 por cien inicial de 2007.

Las ofertas públicas de empleo (OPE) "intentan paliar esta situación de reposición", ha dicho el director general, quien ha reconocido que hay un retraso en los procesos selectivos y las convocatorias son muy limitadas. A día de hoy se están terminando de ejecutar las de 2004, 2007, 2009 y 2010 en personal laboral y las de 2007, 2009 y 2010 en funcionarios.

La Dirección General pretende "acabar cuanto antes las ofertas" y poner en marcha la de 2011. Las convocatorias se publicarán en los próximos días empezando por las de los grupos A y B.

Estatuto básico

Otra de las claves de la Dirección General de la Función Pública será el desarrollo del Estatuto Básico del empleado público, cuya ley matriz fue aprobada por las Cortes Generales en 2007. "Es imprescindible" elaborar en Aragón una nueva ley que permita adecuar la normativa aragonesa a este marco nacional, ha dicho el director general.

Se retomarán los trabajos a partir del próximo mes y elaborará un anteproyecto de ley, para lo cual recabará "todas las opiniones" hasta alcanzar "un punto común". El proyecto de ley se presentará "con la mayor agilidad".

Ignacio Murillo ha dicho que realizará un "esfuerzo" para la mejora de la gestión de la plantilla de más de 45.000 funcionarios, de los que dos tercios son docentes no universitarios y sanitarios, a través, del Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón (SIRGA), que concluirá en enero de 2012.

A falta de incluir en el SIRGA los datos relativos a los 16.000 profesionales sanitarios, una vez concluya el proceso el Gobierno autónomo dispondrá de "mejores herramientas de información y de control", ha dicho Ignacio Murillo.

Otra de las herramientas de mejora de la función pública será la profundización en la transparencia, "un principio clave de la gestión de los asuntos públicos" porque no solo permite la participación ciudadana, sino que asienta valores como la interdicción de las arbitrariedades, la seguridad y la eficacia. "Va a ser un norte de esta dirección general trabajar en la transparencia".

Ignacio Murillo ha estimado que ha habido "enormes dificultades" para acceder a las relaciones de puestos de trabajo (RPT), que de acuerdo con la normativa existente deben publicarse anualmente, "obligación que se ha venido incumpliendo", ha apuntado.

Las RPT serán publicadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y además todos los empleados podrán acceder a la intranet del Gobierno para obtener información en tiempo real. A fecha de hoy hay un decalaje de una semana. Se van a realizar boletines estadísticos sobre la función pública.

Asimismo, Ignacio Murillo ha indicado que hay un Plan de Administración Electrónica que comenzó hace dos años y se prolongará hasta 2013. "Vamos a redoblar los esfuerzos", ha comentado. DISCAPACITADOS

La Comunidad Autónoma "fue pionera" en la aprobación de una norma que permitió articular turnos de acceso para discapacitados, ha continuado Ignacio Murillo, quien ha añadido que Aragón y Castilla-La Mancha son las primeras comunidades que han abierto una vía de "acceso efectivo a los colectivos de discapacitados".

Murillo ha explicado que los opositores con menos del 40 por ciento de discapacidad tienen un nivel "moderado" de acceso a la función pública, pero los que tienen más del 65 por ciento lo hacen de un modo "muy limitado". Se trata de "hacer real" el acceso al empleo público. GRUPOS

La diputada proponente, la socialista Ana Fernández, ha defendido "el buen trabajo que hacen todos los empleados públicos" y ha afirmado que los empleados que hay "son suficientes" y, de hecho, "no son muchos", además de que "la mayoría están dentro de sectores que corresponden a la prestación de servicios del Estado del Bienestar" y prestan un servicio "fundamental".

"Es muy importante no mermar las plantillas actuales", ha dicho Ana Fernández, quien ha convenido que puede ser necesaria "alguna redistribución" y que "quizá haya servicios donde pueda haber más gente que la que se necesita", pero en otras secciones de la Administración "es escaso el número de personal" preciso. Lo primero es "procurar que ese empleo público sea mejor".

Asimismo, la portavoz socialista ha señalado que "a las organizaciones sindicales les preocupa que pueda amortizarse empleo público" a resultas de las RPT especiales aprobadas días atrás.

El portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Adolfo Barrena, ha preguntado a Murillo cuál es su plan para evaluar los servicios públicos y ha anunciado que pedirá una comparecencia.

El diputado de CHA, José Luis Soro, ha apoyado la convocatoria de pruebas selectivas y ha considerado "necesaria" la elaboración de una ley del Estatuto Básico del empleado público aragonés. "Sería muy bueno que viniera con el máximo consenso".

El aragonesista de centro Antonio Ruspira ha preguntado al consejero sobre el coste de la plantilla de la Administración y de las corporaciones públicas y si se está poniendo en marcha el anunciado Plan de Racionalización.

La popular Nuria Lóriz ha celebrado la decisión de elaborar las RPT y, sobre el proceso de reordenación de la plantilla, ha opinado que "no puede regularizarse toda de vez", tras lo que ha señalado que la reordenación de plazas se realizará conforme a los principios de mérito y capacidad.