El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha solicitado comparecer en el Parlamento de Cantabria para explicar a los grupos el contenido del Plan de Ejecución de Sentencias de Derribo elaborado por su departamento.

La iniciativa es a petición propia, y ha ido acompañada del envío de documentación a la Cámara, según información del Parlamento recabada por Europa Press. De momento, no existe fecha fijada aún para esta comparecencia.

El Plan para la Ejecución de Derribos fue presentado públicamente hace dos semanas, y ha sido elaborado por el equipo de Medio Ambiente tras un período de análisis del estado de las sentencias y consultas con municipios afectados y los propietarios.

Esta documento considera insalvables unas 150 viviendas de las 621 sobre las que pesan actualmente sentencias de derribo.

Su demolición se llevará a cabo de forma escalonada hasta el año 2018 y en los presupuestos regionales de cada ejercicio se consignarán partidas para hacer frente tanto a las demoliciones como a las indemnizaciones previas.

De forma paralela, se trabaja en la búsqueda de soluciones que permitan la legalización del resto de los inmuebles condenados.

El Ejecutivo ha optado por empezar por el derribo de aquellas casas que no tienen posibilidades de legalización, para así disponer de margen para el estudio individualizado del resto de los casos, teniendo en cuenta los cambios habidos desde el punto de vista jurídico y fáctico desde que se dictaron las sentencias, como pudiera ser por ejemplo la aprobación de nuevos planeamientos.

En algunos casos, la solución podría pasar por la modificación de la normativa urbanística o la solicitud de nuevas licencias.

El Gobierno se personará en cada procedimiento como parte y espera 'salvar' del derribo "al menos las dos terceras partes" del total de viviendas afectadas por sentencias de demolición, en un proceso que espera culminar en el año 2018.

El presupuesto de 2012 ya consignará una partida de entre tres y cinco millones de euros para iniciar las demoliciones y afrontar el pago de las indemnizaciones a los afectados.

CALENDARIO

El grueso de las viviendas sobre las que no cabe posibilidad de legalización son las 102 de La Arena (Arnuero), a las que se suman las 42 que se han derruido ya. Otras 17 están en Cerrías (Piélagos) y entre 15 y un máximo de 30 se localizan en Argoños.

El calendario del Gobierno fija la demolición en 2012 de un edificio en estructura en Argoños, en 2013 siete viviendas de Cerrías II y en 2014 otras 10 en esta misma zona (seis en Cerrías I y cuatro en Cerrías II).

Para los años 2015 a 2017 está previsto el derribo de entre 5 a 10 edificaciones por ejercicio en Las Llamas I y II y para el año 2018 quedarían las 102 viviendas de La Arena. Paralelamente, el Gobierno va a iniciar con carácter inmediato los procedimientos de responsabilidad patrimonial, que espera cerrar de mutuo acuerdo con los afectados.

El plan tiene el apoyo explícito de todos los ayuntamientos afectados -Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo, Piélagos y San Vicente de la Barquera-.

Medidas para la legalización

La aprobación de nuevos planes generales, modificaciones puntuales de los existentes, la revisión de otras figuras urbanísticas como el plan de ordenación de los recursos naturales, y las posteriores solicitudes de licencias de legalización son las soluciones que el Plan de Derribos del Gobierno baraja para conseguir salvar del derribo 470 viviendas de las 621 sobre las que pesan sentencias de demolición.

El documento prevé que esos cambios normativos se sustanciarán entre los años 2013 y 2014, y contempla la construcción de viviendas de realojo con carácter previo a la demolición.