Los síndicos que tendrán a su cargo la fiscalización del Estado son Santiago Berríos en la empresa Andina, participada por Repsol YPF; René Rocabado en Chaco, del grupo British Petroleum (BP); y Felipe Hurtado en Transredes, subsidiaria de Enron y Shell.
Berríos es un conocido abogado que hasta ahora era presidente de la Alianza Patriótica de Abogados, que el año pasado inició un juicio contra las petroleras para pedir la anulación de sus contratos.
En la empresa de refinado de Petrobras asumió como síndico Jorge Soruco, un oficial de la Fuerza Naval de Bolivia; y en la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), participada por capitales peruanos y alemanes, Federico Yáñez.
Entre los directores de Transredes, destaca el abogado e historiador José Luis Roca, uno de los principales críticos de la privatización parcial de las empresas estatales en su país.
Para tener el 51 por ciento de las compañías Andina y Chaco, el Estado nacionalizó el tres por ciento de las acciones en cada una; en Transredes el 17 por ciento; y en la refinadora de Petrobras y en CLHB el 51 por ciento.
Negociaciones por delante
El ministro Andrés Soliz dijo que, a partir de ahora, el Gobierno comenzará a negociar con esas compañías la forma de pagar por las acciones que pasaron a propiedad estatal.
Dijo que en algunos casos, las empresas han aceptado que se les pueda pagar por sus acciones con la producción de gas y petróleo, aunque Alvarado matizó que también hay que considerar las deudas tributarias que tienen con el Estado.
"En todas las empresas del sector nombradas aquí prácticamente hay una aceptación generalizada y lo que falta son estos trámites de detalle", dijo Soliz.
Según Soliz, se ha establecido que las AFP "nunca" firmaron un contrato con el Estado para ser fiduciarias de esas acciones que pertenecen al Fondo de Capitalización Colectiva, una entidad creada para pagar una renta anual vitalicia a todos los bolivianos.
El ministro boliviano señaló que esa falta de contrato era uno de los "vacíos jurídicos" detectados en el proceso de privatización parcial de esas compañías, además de otros que ahora deben ser investigados por los directores y síndicos.
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