Imaginemos que usted es rico. Muy rico. Y no quiere que lo ‘frían’ a impuestos, así que acude a una gestora de patrimonios –filial de un gran banco– a ver qué hay de lo suyo. Allí, sus asesores le recomiendan crear una sicav (sociedad de inversión colectiva con un capital mínimo de 2,4 millones de euros) con la que su dinero solo tributará al 1%. No se preocupe, no perderá el control de su fortuna, ya que los gestores le buscarán al menos a 99 testaferros –mariachis, en el argot financiero– para que hagan bulto junto a usted y su sicav cumpla el requisito legal de tener al menos 100 inversores distintos. ¿Miedo a que Hacienda descubra el engaño? No hay problema, las sicav son las únicas sociedades que no inspecciona la Agencia Tributaria; tan solo las controla la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Casos como este son masivos en España, según denuncian tanto los técnicos como los inspectores de Hacienda. Tanto es así, que de las 3.077 sicav registradas actualmente en la CNMV más de 2.700 –entorno al 90%– tienen 150 accionistas o menos y son sospechosas de ser entidades "privadas" creadas para "eludir las millonarias plusvalías y dividendos obtenidos por los socios", según denuncian los subinspectores de Gestha.

Según los datos oficiales, las sicav mueven un patrimonio de 26.000 millones de euros de unos 417.600 inversores. Tributan sus beneficios al 1% y los accionistas que extraigan su capital o reciban dividendos han de pagar o bien el IRPF (entre el 19 y el 21%) o bien el impuesto de sociedades (entre el 25 y el 30%), ¿Dónde está, entonces, el abuso? En que en realidad estas instituciones de inversión podrían actuar en la práctica como entidades a las órdenes de sus accionistas mayoritarios.

¿Cómo evitar este abuso masivo? Los técnicos de Hacienda proponen establecer un límite máximo personal en el accionariado de entre el 2 y el 5%. De esta forma se limitaría el poder absoluto de individuos o familias en las sicav y se fomentaría una verdadera inversión colectiva, razón de ser de estas sociedades. Por su parte, el colectivo de Inspectores no es partidario de cambiar su régimen, por ahora. "En plena tormenta financiera, España necesita lo que suponen las sicav, no podemos permitirnos que ese capital se vaya", opina Francisco de la Torre, portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda.

Tras la reinstauración del impuesto de Patrimonio, varias son las voces que han apuntado ahora hacia estas sociedades de tributación reducida. Uno de los primeros fue el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, quien anunció su intención de "apretarles" un poco más. No sería la primera vuelta de tuerca: en septiembre de 2010 el Ejecutivo cambió la ley para que la reducción de capital pasara a considerarse como renta del capital y tributara como tal.

Cualquier nueva medida encaminada a aumentar la tributación de las sicav debería estar consensuada entre todos los países de la OCDE, a juicio de los expertos, ya que de no ser así, todos los capitales a la larga acabarían por huir.

Los grandes capitales, sin embargo, son "extraordinariamente volátiles", tal como reflejan los inspectores; así, muchos ya han aparcado la fórmula de la sicav y llevan años apostando por otras fórmulas con más seguridad jurídica. La última moda: las SIF luxemburguesas. Son instituciones de inversión colectiva propias de ese pequeño país. Tributan con un tipo aún más reducido –del 0,01%– y son más flexibles que su homólogo español: permiten invertir en cualquier sector, esté o no cotizado en Bolsa.

El 99% de las sicav registradas en la Comisión Nacional Mercado de Valores (CNMV) tienen su sede social en Madrid capital, Barcelona y Boadilla del Monte (Madrid), cerca de los centros de poder financiero. Bilbao era históricamente otra de las ciudades donde se concentraba mayor cantidad de estas sociedades: había más de 200 hace cinco años, según datos de Hacienda. Actualmente, y tras el cambio de fiscalidad en el País Vasco, apenas se mantiene una sicav en la capital vizcaína.

Hay actualmente 3.100 sicav en España, según la CNMV; de ellas, al menos 2.709 están en el punto de mira de los técnicos de Hacienda por tener menos de 150 accionistas y ser sospechosas de que en realidad constituyen una sociedad privada con la que se evaden impuestos, usando a testaferros para cumplir los cupos legales. Las últimas inspecciones –de 2005– al menos así lo confirmaron.

La mayor sicav de España, Morinvest, pertenece a Alicia Koplowitz y maneja un patrimonio aproximado de 473 millones de euros, según los datos publicados en la CNMV. Pese a que en su folleto se cuentan hasta 105 accionistas distintos, en el mismo se advierte de que hay uno que posee el 99,98% de las acciones.

Echando un vistazo a la lista de nombres de las sicav españolas se puede comprobar el gusto de los ricos por la mitología griega: Pandora, Minotauro, Medea, Electra, Apolo, Aquiles... A estos se unen también nombres que beben de la cultura popular, como Waldo-Phaldo, Quadrophenia, Jedi e Isildur, por ejemplo. Otros, como Powerpipo, Pipiola, Bizcochero, Holgazán y Mermelada –este último del filósofo José Antonio Marina– derrochan imaginación.