El pasado lunes, 19 de septiembre de 2011, fue un día que Valentina Chicu no olvidará jamás. A las 8.00 horas una hilera de furgones de la Policía Nacional se apostaron frente a su edificio y montaron un cordón de seguridad. Observaba la escena desde el balcón y sabía que todo aquello era por ella. Se había puesto en marcha el desahucio por impago de su vivienda.

Su historia es la de una mujer de 51 años que emigró hace nueve años desde su Rumanía natal hacia la localidad valenciana de Sagunto. Cuatro años después, comenzó su calvario personal, ya que su expareja la sometió a constantes palizas y amenazas. Fue declarada víctima de violencia de género. Para más inri, se ha quedado sin casa y aún le debe 80.000 euros al banco.

Valentina se queja de que Banesto, la entidad con la que contrajo el préstamo, le embargó los 5.000 euros de ayuda de la Generalitat Valenciana por ser víctima de violencia machista. Fuentes del banco indican que la ejecución hipotecaria "es una resolución judicial" y no la comentan, ya que no pueden dar datos de clientes.

"Me han quitado mi piso y mi dinero", se lamenta. Ante el futuro que le aguarda, se derrumba. "Cuando te tiran de tu casa no puedes tener esperanza", cuenta la afectada.

"Es una situación injusta dado el panorama internacional, esto solo pasa en España. En muchos países, la deuda se salda con la entrega de la vivienda", se queja Rafael Garzó, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sagunto. La organización ve "desproporcionado" el despliegue policial que precedió al desahucio: 40 agentes para 60 manifestantes.

Pese a todo, la semana acabó con un atisbo de esperanza para ella. Ha encontrado alojamiento en casa de una amiga, que le alquilará una habitación de forma indefinida. Además, los Servicios Sociales le han concedido una ayuda al alquiler de dos meses, a razón de 300 euros mensuales, y recibirá atención especializada en el Área de la Mujer como víctima de maltrato.

No es el final de sus problemas, ni mucho menos, pero ya no está en la calle.

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se plantaron una hora antes de la hora fijada para el desahucio frente a los furgones policiales. Su objetivo era dar apoyo moral a Valentina y tratar de impedir el desalojo. Una decena de activistas se introdujeron por otro edificio en su casa. Ella mantuvo la puerta cerrada, por lo que la Policía llamó a un cerrajero. Ante la imposibilidad de abrir, varios agentes echaron la puerta abajo con una maza.