Las dos enmiendas fueron rechazadas por una mayoría de 178 votos frente a 135, dando así inicio a la reforma del Código Civil para otorgar a este tipo de uniones el mismo tratamiento jurídico que a las heterosexuales, después de que el proyecto fuera aprobado el pasado diciembre por el Consejo de Ministros.
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'Es un proyecto de ley muy escueto desde el punto de vista técnico pero trascendente desde el punto de vista social', dijo el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en su intervención ante el Parlamento.
'(El matrimonio homosexual) No va contra nada ni contra nadie, no perjudica absolutamente los derechos de nadie y sin embargo otorga reconocimiento a una realidad que, nos guste o no, está entre nosotros', agregó.
De completarse su trámite, España sería el tercer país del mundo en legalizar estas uniones, tras Holanda y Bélgica.
Los representantes del PP y UDC se mostraron partidarios de la regulación de las uniones 'de hecho' entre personas del mismo sexo, pero en contra de que se les permita la adopción.
En su intervención en representación de UDC, Josep Antoni Durán i Lleida negó que este fuera un debate 'entre derecha e izquierda (...) entre un supuesto progresismo y una Iglesia' e hizo hincapié en las diferencias que existen sobre este tema tanto en Europa como en Estados Unidos.
Durán i Lleida negó que la no admisión de matrimonios entre personas del mismo sexo sea 'discriminatorio'. Por último, declaró que desde su grupo se hubiera deseado un debate 'más profundo' sobre el tema.
En representación de CiU, Carles Campuzano retiró el apoyo de su grupo a las enmiendas a la totalidad y consideró necesario entrar en la discusión parlamentaria sobre el proyecto, haciendo referencia a la defensa de la institución de 'la familia' y de la libertad.
'Esa familia (...) no puede negarse a las personas homosexuales (...) en los mismos términos en que lo es para la mayoría', afirmó.
INCONSTITUCIONALIDAD E INCERTIDUMBRE
Por su parte, la representante del Grupo Parlamentario Popular, Ana Torme, declaró ante el ministro de Justicia que el proyecto de ley 'ofrece dudas sobre su constitucionalidad' y lo definió como una opción 'nada pacífica' y que 'genera incertidumbre' sobre la institución del matrimonio.
'Es un error que no beneficia a nadie', afirmó frente al Congreso.
La representante del PP reprochó además al Gobierno que había actuado con precipitación y sin valorar los efectos de la ley ni sus consecuencias.
El proyecto, que se ha topado con la oposición de la Iglesia, reconoce a las parejas homosexuales que se casen derechos como el de adopción, pensión y herencia, pero el Gobierno asegura que con esta ley la institución matrimonial no se verá amenazada.
El ministro de Justicia señaló además que la aprobación de este proyecto de ley se dirige a un 'cumplimiento muy expreso del programa electoral del Partido Socialista'.
La mayoría de los sondeos de opinión muestran que la iniciativa cuenta con el respaldo de la mayoría de los españoles.
El proyecto ha sido elogiado por optar por un cambio en el actual Código Civil que cubra a las parejas homosexuales, en lugar de crear una ley separada que rija las uniones del mismo sexo, lo que podría haber conducido a más discriminación.
/Por Raquel Castillo/


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