El Gobierno de EE UU pagó indebidamente 600 millones de dólares, en los últimos cinco años, a personas fallecidas, según un informe divulgado este sábado por la Oficina de Gestión de Personal (OPM, en inglés). Según el informe del inspector general (IG) de la OPM, Patrick McFarland, los pagos provienen de un fondo para trabajadores jubilados o discapacitados pero, debido a fallos, en algunas ocasiones los pagos continuaron aún cuando el beneficiario había fallecido.
En uno de los casos destacados en el informe, el hijo de un beneficiario continuó recibiendo cheques a lo largo de 37 años, por un total de 515.000 dólares, aunque su padre había fallecido en 1971. El caso se descubrió cuando el hijo del beneficiario murió hace tres años. Un informe previo del IG, que data de 2005, ya había detectado problemas en el fondo de pensiones. El nuevo informe señaló que la OPM debe mejorar su sistema de controles internos para supervisar el desembolso de fondos, en particular su rastreo de beneficiarios que hayan fallecido, mediante la base de datos del Seguro Social.
El director de la OPM, John Berry, aseguró en un comunicado que su oficina se ha comprometido a corregir estos "pagos indebidos" a beneficiarios muertos, y ya ha puesto en marcha 10 de las 14 recomendaciones recientes del IG. "Nuestro equipo en la OPM ha trabajado arduamente con nuestro IG sobre este asunto en los últimos años, tal como reconoce el informe. Se han tomado medidas sobre todos los pagos indebidos por 600 millones de dólares, incluyendo la recuperación actual de 113 millones", explicó Berry.
"Aunque hemos aplicado muchas reformas positivas, sigo plenamente comprometido para que esto sea una máxima prioridad, y para trabajar con nuestro IG para asegurar que ponemos en marcha los debidos controles internos para proteger a los contribuyentes, a nuestros empleados y jubilados", prometió el funcionario.
Berry señaló que el monto total de pagos indebidos dentro del programa en cuestión representa "menos de dos décimas de un uno por ciento". Según la OPM, alrededor de 2,5 millones de trabajadores federales reciben en su conjunto beneficios del fondo de pensiones superiores a los 60.000 millones de dólares cada año. El Gobierno de EE UU, que atraviesa una fuerte crisis fiscal, ha redoblado sus esfuerzos por combatir el fraude o derroche de fondos federales. En ese sentido, Berry advirtió que el recibir pago o proporcionar información falsa sobre un beneficiario fallecido es un delito grave castigo por las leyes federales.
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