Perdida una batalla parlamentaria, queda la electoral. El Congreso cerró este jueves la legislatura y la subcomisión que iba a analizar el sistema hipotecario español quedó en nada, ni siquiera ha habido conclusiones. Se abre ahora la lucha electoral y en ella puede que se hable de desahucios, embargos, hipotecas y cláusulas.

Es al menos la pretensión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). De momento y para avivar el debate confía en sacar a la calle el próximo domingo a miles de ciudadanos en toda España en defensa del derecho a la vivienda.

Algo más de 35 ciudades de toda España acogerán manifestaciones ciudadanas el domingo para reclamar la adhesión a la fórmula de la dación en pago (que la entrega del piso sirva para dar por pagada la hipoteca), la aprobación de una moratoria para los desahucios por motivos económicos y la reconversión de los pisos que las familias no puedan pagar en viviendas de alquiler social.

La portavoz de la PAH, Ada Colau, ha explicado que las manifestaciones contribuirán a situar el problema de los impagos de las hipotecas en el centro del debate electoral a las puertas de la campaña del 20-N. En su opinión es mucho el "eco social" que está teniendo la reivindicación de la fórmula de la "dación en pago", que permitiría saldar la hipoteca devolviendo el piso.

Un ejemplo de este éxito social, a su juicio, es que la Mesa del Congreso haya acabado por aceptar a trámite, tras meses de retraso, la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) promovida por diferentes entidades vecinales, sindicales y sociales. Esta ILP encara ahora la tarea de recoger las 500.000 firmas necesarias.

El redactado de la nueva iniciativa se ha modificado desde su escrito inicial y ahora no sólo se reclama la "dación en pago", sino que también defiende que se paren los desahucios y que las familias que entregan su piso a cambio de liquidar la hipoteca puedan quedarse en sus casas pagando "un alquiler social" por un período de cinco años.

El importe de la renta mensual del arrendamiento no podrá ser superior al 30% de los ingresos mensuales del arrendatario, según esta propuesta.

En el período 2007-2010, se han producido casi 300.000 ejecuciones de hipotecas en toda España debido a la imposibilidad de las familias para hacer frente a una hipoteca, en muchos casos concedidas por importes superiores al 80% del valor de tasación, una vez han perdido el empleo o han visto estancados sus salarios por la crisis.

Las entidades que han impulsado la ILP son CCOO y UGT, la Confederación de Asociaciones de Vecinos CONFAVC, el Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social y la Unión de Consumidores de Cataluña.