Una de las medidas más trascendentales consiste en extender el régimen de incompatibilidades de la Administración General del Estado a los ayuntamientos, de tal manera que el concejal que haya ejercido en un equipo de gobierno municipal no podrá, tras su cese, trabajar durante dos años en tareas similares en la actividad privada, Según publica El País.
El escándalo del Ayuntamiento de Marbella, surgido cuando el Gobierno iniciaba las conversaciones para reformar la Ley de Bases de Régimen Local con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que participan todos los partidos, ha afectado a dicha reforma.
"El objetivo es aumentar la democracia de los ayuntamientos y hacer la vida más difícil a la minoría corrupta", señala el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
Quienes preparan el conjunto de medidas barajan la hipótesis de imponer las incompatibilidades en municipios de más de 75.000 habitantes, porque de lo contrario, la medida resultaría disuasoria en la formación de candidaturas electorales en los municipios pequeños.
Los concejales podrán cobrar por desempleo
La nueva incompatibilidad tendrá una compensación económica, fijada en la propia Ley de Bases de Régimen Local. Los concejales, con dedicación total o parcial, podrán percibir, tras su cese, el seguro de desempleo, en las mismas condiciones que cualquier cotizante a la Seguridad Social, en función de su cotización.
La renovación del Pacto contra el Transfuguismo, que se hará pública este mes, introduce dos nuevas medidas.
Por un lado, un acuerdo político para impedir que el concejal que haya sido tránsfuga pueda volver a presentarse en una lista electoral municipal.
Por otro, la decisión de pasar a manos del fiscal Anticorrupción los casos de transfuguismo para que investigue. Recientemente, el Gobierno aprobó por real decreto la creación de la Fiscalía Anticorrupción para Urbanismo y Medio Ambiente.
Iniciativa y consulta popular
La Ley de Bases también regula la iniciativa popular, de modo que los ciudadanos podrán presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal.
Bastará con el 20% de la población en los municipios de hasta 5.000 habitantes; bajará al 15% en los de 5.001 a 20.000 habitantes y se reducirá al 10% en los de más de 20.000 habitantes.
La reforma regula también la celebración de consultas populares, que requerirán la autorización de la mayoría del pleno municipal y del Gobierno autónomo.
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