La consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha expresado este martes que la Junta se siente "parcialmente satisfecha" con la decisión del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo (TS), en relación con el asunto de las actas del Consejo de Gobierno solicitadas por la juez que instruye el caso de irregularidades en ERE, y estima que da "la razón a muchas" de sus preocupaciones y fundamentos.

Moreno ha manifestado en rueda de prensa que la sentencia del citado tribunal, que la Junta "acata", es "clarificadora" y "equilibrada". "Los fundamentos jurídicos de la sentencia aclaran y dan la razón a muchas preocupaciones de la Junta y fijan muy bien las coordenadas de cualquier petición judicial", según Moreno, quien ha querido dejar claro que la Junta, en todo momento, ha pretendido defender "el fuero".

Ha manifestado que, a partir de este momento, las actas del Consejo de Gobierno "propiamente dichas" están a disposición del juzgado, si bien la Junta espera que éste curse la correspondiente petición.

Tras apuntar que los Servicios Jurídicos de la Junta se encargarán de hacer ahora un análisis más riguroso del contenido de la sentencia, que es "rico y bastante extenso" de fundamentos jurídicos, Moreno ha expuesto que es verdad que la sentencia desestima el recurso de la administración andaluza, pero que también es verdad que la misma "pone límites a las peticiones judiciales". "Define con claridad que las actas no son reservadas, pero la sentencia reconoce al mismo tiempo que puede haber acuerdos que tengan carácter reservado o que haya deliberaciones o informes que no forman parte propiamente de las actas", según Moreno.

Según la consejera, los fundamentos jurídicos de la sentencia "aclaran y dan la razón a muchas de las preocupaciones que tenía la Junta en relación con este asunto y fija muy bien las coordenadas de cualquier petición judicial". Ha agregado que los fundamentos jurídicos reconocen que un gobierno puede "denegar de forma motivada el contenido impropio de las actas o cualquier acuerdo reservado". Por ello, la Junta estima que el Tribunal Supremo está "reconociendo límites a la petición de los tribunales", con lo que, desde ese punto de vista, satisface "parcialmente" su posición.

Tras recordar que la Junta interpuso un conflicto de jurisdicción contra el auto judicial del pasado 21 de marzo que pedía la remisión de las "actas sin más", Mar Moreno ha expresado que está claro que el Gobierno andaluz quería defender "el fuero" y que el TS dictara jurisprudencia para toda España. En este sentido, ha apuntado que es una sentencia "muy clarificadora de las obligaciones que tienen los gobiernos y también de los límites que tienen los tribunales".

Acta propiamemte dicha

Para Moreno, la sentencia delimita muy bien lo que es un acta propiamente dicha y que redactada conforme a los requisitos que tiene la ley, no es reservada, y al mismo tiempo señala lo que son otros informes, documentos, opiniones o deliberaciones que al no formar parte estricta del contenido de las actas, un gobierno, "de forma razonada, podría omitir su remisión" al juzgado.

La consejera ha asegurado que la Junta no ha tenido nunca la menor preocupación por el contenido de las actas y ha insistido en que el Gobierno y el juzgado avanzan en la misma dirección, que es que los responsables del fraude de los ERE sean castigados. Ha insistido en que, en ningún momento, en el ánimo de la Junta ha estado tener algún tipo de "confrontación" con el juzgado y ha apuntando que las "prevenciones" que tenía la administración andaluza con respecto al auto de 21 de marzo, "han obtenido eco en el Tribunal de Conflictos".

En vista de que el PP-A puede hacer una valoración "exagerada" de la sentencia, Moreno ha apuntando que recomienda a dicho partido que se la lea a fondo, porque más allá del fallo tiene un contenido equilibrado que no sólo "no desautoriza al Gobierno de la Junta, sino que avala muchas de sus preocupaciones".