Los españoles pagan alrededor de 300 millones de euros al año para que se reciclen sus electrodomésticos y ordenadores, a pesar de que en la inmensa mayoría de los casos (en un 80%, aproximadamente) acaban en descampados, chatarrerías o desguaces. Solo un 20% de los residuos eléctricos y electrónicos generados en España se recicla y únicamente el 10% se trata de forma correcta.

Estos son algunos de los datos de un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), hecho público este martes, en el que se denuncia que el reciclado de la basura electrónica es "muy deficiente" a pesar de que desde hace seis años este servicio se cobra a los consumidores.

Además, cada residuo no reciclado supone contaminación ambiental y materiales peligrosos descontrolados, entre otros problemas.

Cada español paga unos 20 euros cuando compra un frigorífico y unos 5 cuando adquiere un microondas, una cantidad destinada a financiar el correcto reciclaje de esos aparatos cuando acabe su vida útil, pero que no aparece especificada en la factura.

Ese importe va destinado a los fabricantes, quienes pueden ocuparse por ellos mismos del reciclado, pero normalmente delegan en un Sistema Integrado de Gestión (SIG), al que solo pagan por los aparatos realmente reciclados, a pesar de que solo son una pequeña parte de los comercializados.

Esto significa, según la OCU, que los productores se están quedando con más de la mitad del dinero que los consumidores han pagado previamente.

Para llevar a cabo el estudio, la organización seleccionó 15 electrodomésticos usados (4 televisores, 4 lavadoras, 4 frigoríficos y 3 ordenadores), a los que se les instaló un localizador que indicaba su posición mediante tecnología celular GPRS.

Para deshacerse de los aparatos, se llevaron a puntos limpios repartidos por todo el país, otros fueron retirados a domicilio y otros se entregaron en tiendas, donde, según ha explicado Enrique García, portavoz de OCU, se encontraron con "serias dificultades" para que los aceptaran.

Después, se siguió la "ruta" de los aparatos durante tres meses y se comprobó que 9 de los 15 electrodomésticos no se gestionaron correctamente.

Gómez ha puesto de relieve que se dieron casos muy curiosos, como el de un ordenador depositado en un punto limpio en Pamplona, que acabó en una planta de tratamiento de residuos autorizada de Vizcaya, tras recorrer más de 1.200 kilómetros, lo que generó 650 kilos de CO2, que "se emitieron de forma gratuita a la atmósfera".

Ninguna de las televisiones llegó al destino adecuado y además se dio el caso de que una de ellas, dejada en un punto limpio de Logroño se desmembró en Calahorra y una parte acabó en un descampado de Lérida, mientras que la otra parte fue a parar a una nave de Zaragoza.

La responsable de medio ambiente de la OCU, Belén Ramos, ha denunciado que el fabricante es el que se embolsa el dinero que los consumidores pagan por el reciclado de sus aparatos, ante la "pasividad" de las administraciones públicas (central, autonómica y local). El estudio ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente.