La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha estimado que la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio afectará a 14.500 declarantes en Andalucía y supondrá la recaudación de unos 80 millones de euros anuales.

En su comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera ha indicado que por provincias, de mayor a menor, de acuerdo al número de declarantes del impuesto y cuotas a ingresar serán Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Córdoba, Almería, Jaén y Huelva.

Martínez Aguayo ha recordado que esta recaudación corresponde a las comunidades autónomas, con lo que el Gobierno andaluz va a disponer en 2012 y 2013 de "unos ingresos adicionales, que se sumarán a los que ya se obtienen a través de la compensación del impuesto en el nuevo sistema de financiación".

Considera que la propuesta de recuperación establecida por el Gobierno es "adecuada y va en la línea de lo correcto", aunque apuesta por "una modificación en profundidad de dicho tributo".

Para la consejera, esta recuperación del impuesto, que se suprimió mediante bonificación al 100 por cien a finales de 2007, permitirá un "mejor nivel de redistribución de las rentas, ya que los ingresos serán gestionados por las comunidades autónomas, responsables de la prestación de servicios básicos y universales, como educación o sanidad".

A nivel nacional, la recaudación de este impuesto será de 1.080 millones de euros anuales, según las estimaciones del Ministerio de Economía y Hacienda, a partir de los datos del último ejercicio en que se exigió el tributo —2007— la medida afectará a unos 160.000 contribuyentes en toda España.

La consejera ha recordado que la supresión en 2007 de este impuesto "no implicó menores ingresos para las comunidades autónomas, ya que se estableció una compensación de manera adecuada y proporcional a la pérdida de ingresos". Precisó que en el caso andaluz, el importe de la compensación es de 162,42 millones de euros anuales, mientras que para todas las comunidades autónomas, la compensación fue de 2.097,28 millones.

Situación anterior

Martínez Aguayo ha recordado que en 2007 el cinco por ciento de declarantes del IRPF también lo eran de Patrimonio y apuntó que "llegó un momento en el que el valor de mercado estaba cada vez mas alejado del valor declarado en el impuesto", de forma que "el impuesto no estaba cumpliendo con su función censal, una de las principales misiones del tributo".

Asimismo, recordó que tampoco cumplía "otro de los objetivos que era conseguir mayor eficacia en la utilización del patrimonio", toda vez que "sólo pocos países, como Francia, mantenían este tributo, por lo que incluso este impuesto podía provocar que algunas inversiones en España pudieran perder atractivo frente al resto de países europeos".

Para la consejera, en la anterior etapa "la aplicación del tributo era excesivamente injusta para los patrimonios bajos y excesivamente benevolente para patrimonios más altos", de forma que entonces "el tributo era soportado en una parte muy importante por las clases medias y más de la mitad de los declarantes tenían menos de 300.000 euros de patrimonio".

Por ello, según recordó, ante estas circunstancias, se decidió, a finales de 2007, suprimirlo mediante su bonificación, pues "adolecía entonces de problemas de configuración legal y se exigía o una profunda reforma o su eliminación".