La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha dejado claro este martes que el Gobierno andaluz no va a consentir una "fuga" de fondos de Andalucía de cara a la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) a otras comunidades autónomas, de manera que seguirá defendiendo el mantenimiento para este tierra de los 1.600 millones de euros anuales en ayudas directas que percibe en la actualidad.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Clara Aguilera ha expuesto los planteamientos de Andalucía de cara a la próxima reforma de la PAC, recordando que el Gobierno de Castilla y León pretende que esta comunidad obtenga más ayudas "a cambio de quitárselas a Andalucía".

En su opinión, el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, tiene que elegir "trincheras": o defiende lo que a Andalucía le corresponde o se alinea con el modelo agrario que defiende el gobierno del PP en Castilla y León.

La consejera ha recordado que el actual reparto cuenta con el consenso y el "aval" de las organizaciones agrarias y también de las fuerzas políticas, como se concluyó en la reunión que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, mantuvo con los partidos el pasado mes de marzo.

Aguilera ha anunciado que ha solicitado su comparecencia en el Parlamento andaluz para exponer dichos planteamientos y ha confiado en que se vuelva a reflejar un consenso de todos los partidos en defensa de los intereses de Andalucía ante la reforma de la PAC.

Ante el hecho de que la Comisión Europea vaya a presentar el próximo 12 de octubre sus propuestas legislativas ante la nueva PAC, Clara Aguilera ha recordado que esta comunidad recibe en estos momentos unos 1.600 millones de euros anuales en ayudas directas y que la Junta considera "imprescindible" el mantenimiento de dicho volumen.

"No queremos que haya fuga de euros de España a otros países de la Unión Europea ni de Andalucía a ninguna otra comunidad autónoma", según ha sentenciado Clara Aguilera. Ha señalado que España recibe en ayudas directas en torno a 5.300 millones de euros, de los que unos 1.600 llegan a Andalucía, mientras que le sigue en percepción de fondos Castilla y León, con 900 millones.

Ha expuesto que si el Gobierno de la Nación trabaja con la idea de mantener el "cheque de la PAC", Andalucía no va a permitir que haya trasvase de fondos de esta comunidad a otras regiones porque nuestro modelo tiene que seguir funcionando con el presupuesto que se ha recibido hasta ahora.

Aguilera, que ha expuesto el contenido del informe sobre la reforma de la PAC que ha llevado a la reunión del Consejo de Gobierno, ha insistido en la necesidad de garantizar que la futura PAC no implique la pérdida de recursos financieros para el sector agrario andaluz y en la importancia de que Bruselas no aplique rebajas al volumen actual de ayudas y, por tanto, al apoyo europeo a los productores.

Por este motivo, el Gobierno andaluz rechaza la aplicación de una tasa plana, ya que es imprescindible que se tengan en cuenta las características específicas y la diversidad productiva de cada territorio a la hora de determinar el nivel de ayudas que reciben los agricultores.

Luchando por una dotación financiera suficiente

La consejera ha afirmado que Andalucía no se conforma con las perspectivas financieras propuestas por la Comisión Europea para la PAC y ha recordado que la Junta continuará luchando por una dotación financiera suficiente para poder garantizar que se cubran todas las necesidades del campo andaluz. Igualmente, el Gobierno autonómico planteará a la Comisión Europea la simplificación de los procedimientos necesarios para solicitar, tramitar y recibir las ayudas.

Asimismo, Clara Aguilera ha recalcado la necesidad de adecuar la normativa en materia de competencia para permitir un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria a través de mecanismos tales como acuerdos de moderación de márgenes comerciales y medidas de concentración de la oferta. De acuerdo con el posicionamiento único andaluz acordado entre la Junta y los representantes del sector agrario, la consejera ha subrayado que los presupuestos de la PAC no deben quedar congelados, sino actualizarse conforme a los precios de mercado y a los costes reales de producción.

A juicio del Gobierno andaluz, el principal objetivo del debate sobre las perspectivas financieras de la futura PAC debe ser legitimar las ayudas agrarias. En este sentido, la consejera ha destacado la necesidad de que la ciudadanía entienda que cuando se ayuda al agricultor se está contribuyendo a preservar la vida de muchos pueblos andaluces y, por consiguiente, al mantenimiento y al futuro del medio rural.

El planteamiento de la Junta es trabajar para que las políticas de Desarrollo rural sigan ocupando un papel de relevancia en la futura PAC como instrumentos para proveer a la sociedad de bienes públicos y mejorar la competitividad y la cohesión social de los territorios rurales. Asimismo, se señala la importancia de que la nueva PAC apueste por el apoyo específico a los jóvenes agricultores y por la mejora de los mecanismos de gestión de crisis dirigidos a afrontar de forma ágil situaciones de hundimiento de precios.

En su informe al Consejo de Gobierno, la titular de Agricultura ha señalado también la necesidad de articular un mecanismo legal de ámbito europeo que permita la limitación de los márgenes comerciales de la distribución en momentos puntuales de crisis de precios, con la implicación de todos los eslabones de la cadena comercial para evitar que la rentabilidad del productor caiga en picado en determinados momentos del año.

Finalmente, la consejera ha valorado positivamente la creación, por parte de la Comisión Europea, de la fórmula presupuestaria que atiende a las regiones en transición, es decir, las que pasan de ser regiones de convergencia a regiones de competitividad. Con este mecanismo se evita que el proceso de ajuste financiero se produzca de manera inmediata y no progresiva.