El alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, se ha acogido este martes al derecho constitucional a no declarar ante la jueza del juzgado de instrucción número 1, Pilar de Lara Cifuentes, por una denuncia por supuesta prevaricación presentada por la Asociación pola Legalidade do Plan Urbanístico de Lugo (Alpul) en relación al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

El abogado del regidor, el madrileño Rafael Iruzurieta, explicó que los motivos —que aseguró no fueron recogidos en acta por la jueza— se refieren a que "esta querella desde el punto de vista jurídico no tiene ni pies ni cabeza y es un ejemplo más del acoso que está llevando por la vía penal Alpul contra el alcalde", además de imputarle "un delito sin especificar".

Alpul denunció al regidor lucense por un delito de prevaricación por supuestamente otorgar pluses de productividad a tres funcionarios que estaban directamente relacionados con la elaboración del Plan General de Ordenación Municipal.

"Alpul presenta una denuncia que no tiene el más mínimo viso delictivo, es una cuestión puramente administrativa relativa a los complementos que cobran los funcionarios", explicó el letrado.

En este sentido, Iruzurieta agregó que en su momento los funcionarios y los representantes sindicales del ayuntamiento firmaron un acta "dando el visto bueno a la forma de distribuir complementos y ni un solo funcionario ha presentado recurso".

"delito sin especificar"

No obstante "a los que ni les va ni les viene en la condición de perjudicados, los señores de Alpul" presentan una querella "imputándole delito sin especificar", censuró. El abogado lamentó que, a raíz de esta querella, "sorpresivamente el señor fiscal pide la imputación del alcalde, nada más y nada menos que por algo que no es delito".

Asimismo, solicitó una rectificación por parte de la jueza, quien devolvió, "con un desprecio absoluto a las formas", un escrito que el abogado le envió el pasado viernes en el que le explicaba "todos estos motivos y poniendo orden". "Porque ¿qué es eso de delito sin especificar?", cuestionó.

"Los documentos certifican la falta absoluta de delito, no hablo de inocencia porque la inocencia presupone que hay unos hechos delictivos. No sabemos de qué se nos acusa", ha argumentado. "De aquí tendríamos que haber salido con un auto de archivo", consideró el abogado del alcalde de Lugo.