La provincia de la Comunitat Valenciana que más recaudación aportaría al Impuesto de Patrimonio sería Valencia, con un importe a ingresar de 58,7 millones de euros, seguida de Alicante, con 31,5 millones de euros, y Castellón, que rondaría los 19,3 millones de euros, lo que arroja un total de 109,5 millones de euros en el conjunto de la Comunitat.

Así se desprende de la estimación a cargo de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que además destacaron que en unos 58,7 millones de euros la recaudación que aportaría Valencia en caso de que la Generalitat de la Comunitat Valenciana aplique sin bonificaciones el Impuesto de Patrimonio anunciado por el Gobierno para las fortunas superiores a los 700.000 euros.

Concretamente, de los más de 9.300 valencianos que según los cálculos de Gestha deberán declarar este Impuesto de Patrimonio, cerca de 3.800 poseen una fortuna de entre 700.000 y un millón de euros, mientras que otros 4.300 disponen de entre uno y 2,5 millones de euros; algo menos de 800 cuentan con entre 2,5 y 5 millones de euros; unos 230 tienen entre 5 y 10 millones de euros; y en torno a un centenar poseen un patrimonio superior a los 10 millones de euros

Por su parte, en Alicante, de los casi 6.000 alicantinos que deberán declarar este Impuesto de Patrimonio, cerca de 2.500 poseen una fortuna de entre 700.000 y un millón de euros, mientras que otros 2.800 disponen de entre uno y 2,5 millones de euros; algo más de medio millar cuentan con entre 2,5 y 5 millones de euros; unos 150 tienen entre 5 y 10 millones de euros; y en torno a unos 60 poseen un patrimonio superior a los 10 millones de euros.

Por último, de los casi 3.700 castellonenses que deberán declarar este Impuesto de Patrimonio, cerca de 1.500 poseen una fortuna de entre 700.000 y un millón de euros, mientras que otros 1.700 disponen de entre uno y 2,5 millones de euros; algo más de 300 cuentan con entre 2,5 y 5 millones de euros; unos 90 tienen entre 5 y 10 millones de euros; y en torno a unos 40 poseen un patrimonio superior a los 10 millones de euros.

En este sentido, el colectivo hizo un llamamiento a la comunidad para que no renuncie a este tributo "justo y equitativo" gracias al cual se podrán gravar las rentas más altas, que en muchos casos escapan al control del Fisco de forma fraudulenta o mediante distintos subterfugios legales.

A su juicio, la aplicación de bonificaciones no sólo supondría renunciar a unos ingresos vitales para reducir el elevado déficit autonómico, sino que también estarían disminuyendo el reparto solidario de las cargas fiscales entre contribuyentes.