La comisión de investigación del Parlamento vasco sobre los presuntos casos de corrupción y espionaje político en Álava citará a otras dos personas y volverá a solicitar a la Diputación de Bizkaia documentación fiscal sobre empresas vinculadas al caso, algo a lo que, hasta ahora, se ha negado el Ejecutivo foral.

Este órgano estudia los conocidos como 'caso De Miguel' —una presunta trama sobre comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos— y el 'caso del espionaje', sobre supuestos seguimientos a políticos alaveses. Una quincena de ex cargos y militantes del PNV están imputados en las causas judiciales abiertas en relación a este tema.

El presidente de la comisión, Juanjo Agirrezabala (EA), ha explicado a los medios de comunicación que, en la reunión celebrada este viernes por este grupo de trabajo, se ha acordado citar a dos nuevas personas para que comparezcan ante los parlamentarios que investigan las posibles responsabilidades políticas derivadas de estos casos.

Ambas personas, cuya identidad no ha desvelado, están relacionadas con las supuestas irregularidades vinculadas a la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano (Álava). En principio, las comparecencias se celebrarían entre el 6 y el 7 de octubre.

Agirrezabala ha asegurado que éstas serán las últimas personas que citará este grupo de trabajo, que tiene previsto concluir su dictamen en relación a este asunto antes de que finalice el año.

Además, se ha decidido volver a pedir a la Diputación de Bizkaia que remita a la comisión documentación fiscal sobre empresas también relacionadas con esta rama de la presunta trama de corrupción. Hasta el momento, el Ejecutivo vizcaíno ha rechazado remitir estos datos al grupo de trabajo del Parlamento al considerar que su normativa se lo impide.

Este órgano parlamentario ha celebrado 35 reuniones, en las que han comparecido 50 personas, a las que se añaden dos testimonios recabados por escrito.