El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha ratificado este viernes su compromiso de blindar los Servicios Sociales en esta legislatura para equipararlos a otros sistemas de protección social, como el sanitario y el educativo, en pro de la igualdad.

Para ello, ha abogado por un 'Pacto por el futuro, la calidad, la equidad y la sostenibilidad de los servicios públicos' cuya primera propuesta de bases será presentada este mismo mes con el objetivo de alcanzar un "gran acuerdo social y político que nos ayude a garantizar en estos momentos complicados y cara al futuro los tres pilares básicos de nuestro bienestar en los que se centran nuestras preocupaciones".

Este es uno de los principales compromisos que ha asumido el presidente de la Junta durante la inauguración este viernes en Valladolid de una jornada de difusión y formación sobre la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, una normativa "vanguardista" y que apuesta por liderar en España "un modelo de servicios sociales nuevo rediseñado para las personas y basado en una atención individualizada".

Herrera ha asegurado que la nueva Ley permitirá a la Junta ofrecer un sistema de Servicios Sociales "único, integrado e indivisible" para que las personas adquieran un papel protagonista y puedan ver atendidas todas sus necesidades de una forma individualizada e integral. Para ello, ha explicado el presidente, se ha empezado a trabajar en el diseño de un catálogo de Servicios Sociales que, más allá de un listado de prestaciones, se orientará a atender las necesidades sociales de las personas e incorporará el contenido y la intensidad mínima de cada prestación y los criterios de acceso a la misma en función de la situación particular de cada individuo.

A modo de ejemplo, ha recordado que con la entrada en vigor de la Ley, en marzo de 2011, la Junta ha garantizado la continuidad de atención entre el sistema educativo y el de servicios sociales a 64 jóvenes con discapacidad y ha anunciado que se trabaja para que a partir del próximo 1 de enero los cuidadores no profesionales de grandes dependientes puedan disponer de 15 días de respiro al año.

Otro de los elementos de la nueva ley destacados por el presidente de la Junta ha sido el encaminado a la organización, la coordinación, la participación y la financiación para superar la barrera del territorio y centrarse en las personas, cuyas necesidades serán las que determinarán la organización de los servicios y prestaciones del sistema para su plasmación en un Mapa de Servicios Sociales en el que trabaja el Gobierno autonómico.

Herrera ha abogado también por una planificación integral enfocada en las necesidades de los individuos cuyos objetivos se concretarán en el mes de octubre a través de un acuerdo entre las consejerías de Sanidad y Familia para la creación, por ejemplo, de unidades sociosanitarias de convalecencia en centros residenciales de personas mayores destinadas a personas dependientes con procesos crónicos de enfermedad que presenten simultáneamente necesidades de cuidados asociados a su falta de autonomía personal y cuidados sanitarios.

Conexión entre la historia social y la clínica

Otros de los objetivos de este trabajo conjunto es la mayor conexión entre la historia social y la historia clínica, la mejora de la atención sanitaria de las personas mayores en residencias por parte del sistema público de salud y la implantación de depósitos de medicamentos, vinculados a un servicio de farmacia hospitalaria en los centros residenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma para personas mayores y personas con discapacidad.

"Así se garantizará el acceso unificado al sistema, un mismo sistema de información, la unificación de solicitudes, criterios y baremos así como una sola lista de acceso para cada prestación, un mismo registro de usuarios y una única historia social", ha defendido.

En este sentido, ha reiterado que este proyecto de coordinación en materia sociosanitaria es una prioridad estratégica para la Junta en la presente Legislatura, a lo que ha unido el espíritu de participación que impregna todo el sistema.

Según ha explicado el presidente de la Junta, la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, de 20 de diciembre de 2010, supone "un gran salto cualitativo" en la atención social al superar el modelo de servicios sociales de carácter asistencial y avanzar "hacia un sistema en el que éstos se configuran como auténticos derechos subjetivos de los ciudadanos".

En su alocución ante todos los agentes del sistema de Servicios Sociales de Castilla y León, el presidente de la Junta ha aprovechado la ocasión para poner sobre la mesa una reflexión en el sentido de que estos servicios están llamados a ser "una de las mayores fuentes de actividad económica y de empleo".

En este sentido, ha abogado por cambiar la tradicional imagen de los servicios sociales como una política exclusivamente de gasto por otra "mucho más actual e integral" que contempla su capacidad generadora de riqueza y empleo y su "enorme potencial para el arraigo de población en muchos de nuestros pueblos".

Así, ha informado de que la tasa de retorno de cada euro gastado en política social alcanza casi los 44 céntimos, sea por vía impositiva o por cotizaciones sociales. Herrera ha explicado además que el gasto en política social crea 25 empleos por cada millón de euros invertidos en ella mientras que la tasa media de creación de empleo de los sectores de la actividad económica se sitúa en 17 empleos por cada millón de euros.

"Creo que está llegando el momento de decir más claramente que las políticas sociales son también una fuente de riqueza indirecta para toda la sociedad", ha sentenciado.

El presidente se ha remontado a la transferencia de los Servicios Sociales, en 1996, cuando estaba en vigor la antigua Ley de Acción Social y Servicios Sociales, y ha recordado que los fondos destinados al sistema social han pasado de 305 millones de euros tras el traspaso de la competencia a los casi 800 millones de este año. La previsión de aportación financiera de las diversas administraciones públicas para el periodo 2009-2015 se cifra en 7.000 millones de euros.

Tras el discurso de Herrera, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha impartido una conferencia en la que ha realizado un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de los Servicios Sociales de Castilla y León —de 1996, con el traspaso de la competencia a la Comunidad, hasta 2011, con la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales—.

Así, ha explicado los hitos que supondrá esta "compleja y rica ley". Según sus palabras, de un sistema independiente se pasará a un sistema integrado; de un sistema de protección social a un sistema de derechos sociales, que se recogerán en el catálogo de servicios; de una planificación sectorial a una planificación integral, y de un concepto de calidad como sinónimo de control a un concepto de calidad que busca la excelencia.

En ese repaso, la consejera ha citado ejemplos de cómo se han incrementado las prestaciones sociales en los últimos 14 años. Entre ellos, que las plazas residenciales para personas mayores han pasado de 25.486 a 42.725, o que la ayuda a domicilio se prestaba en 1996 a 9.180 castellanoleoneses, mientras que este año se da a 27.172.

La jornada ha concluido con una mesa redonda en la que cuatro expertos en Servicios Sociales a nivel nacional que han disertado sobre las diferentes perspectivas de la Ley y han abordado cuatro aspectos esenciales de lo que supondrá la nueva norma como motor de cambio de los Servicios Sociales en la Comunidad.