El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, Víctor Pascual, consideró hoy que hay "voluntad" en el sector para establecer un contrato tipo entre viticultores y bodegueros. Además, a su juicio, es "el momento" para debatirlo.

Pascual presentó hoy en rueda de prensa la 26 Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Juristas del Derecho de la Viña y el Vino (AIDV) que, diez años después, vuelve a celebrarse en Logroño precisamente para "encontrar un camino" a la posibilidad de establecer un contrato tipo en la Denominación.

Así lo explicó el presidente de la AIDV, Félix Pérez, que acudió junto a Pascual y, también, el director general de Agricultura del Gobierno de La Rioja, Igor Fonseca.

A su juicio, existen "dificultades en relación con el Derecho de Competencia", en Bruselas. Por eso, la conferencia reunirá juristas de Suiza, Francia y Estados Unidos.

El objetivo, dijo, es "ver cómo funcionan otros países para poder estrujarnos el cerebro" y encontrar una solución "a los problemas de Rioja y garantizar la rentabilidad agraria".

Para Pérez, "puede haber una solución", a pesar de que la Unión Europea está marcada por un "mundo liberal". No obstante, advirtió de que existe una "confusión", ya que, siguiendo la legislación de la Comisión de la Competencia, en Bruselas, no puede establecerse la obligatoriedad de un contrato, ni de un precio mínimo.

Aún así, insistió, puede haber "un sistema para establecer un contrato tipo y para esto se celebrará este congreso". "Lo que la ley permite es el contrato, pero no que sea obligatorio", insistió.

Pascual, a este respecto, recordó que la Interprofesional aprobó un modelo de contrato "que recibió 150 votos en contra; y ahora quienes votaron en contra piden un contrato". "Esto no es un huevo a freir", señaló, "es un negocio a largo plazo".

La conferencia se celebrará los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en Riojaforum. Se prevé asistencia de unas 150 personas y tratará los contratos tipo de uva y vino; los acuerdos interprofesionales y los sistemas de precios; los derechos de plantación de viñedo; y otros asuntos medioambientales, comerciales o de propiedad intelectual