Cerca de una tercera parte de los 1.080 millones de euros que el Ejecutivo espera recaudar con  la restauración del impuesto de patrimonio corresponderían a la Comunidad de Madrid (323 millones), cuya bonificación del 100% fue aprobada al comienzo de la legislatura.

Este cálculo lo han realizado los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en base a los datos del último año que estuvo dicha tasa en vigor, 2007. A continuación figuran Cataluña, con 271 millones, y la Comunidad Valenciana (109 millones) como Comunidades albergadoras de un mayor número de ricos.

El Gobierno ha recuperado el impuesto sobre el patrimonio para alrededor de 160.000 contribuyentes que cuentan con bienes con un valor conjunto superior a 700.000 euros, lo que supone multiplicar casi por siete el mínimo exento que existía hasta 2008 cuando desapareció el tributo.

Estarán sujetos a gravamen inmuebles, vehículos, depósitos y cuentas corrientes, acciones y fondos de inversión, deuda pública o seguros de vida, entre otras cosas, si bien la vivienda habitual -principal capital de muchos españoles- tributará sólo a partir de los 300.000 euros, lo que supone doblar el mínimo exento. También forman parte del patrimonio las rentas temporales y vitalicias, joyas, pieles, algunos objetos de arte y antigüedades, y los derechos de propiedad intelectual o industrial.

El Consejo de Ministros de este viernes reactivará este tributo con carácter temporal para los ejercicios 2011 y 2012 a través de un decreto ley que no modificará la estructura del impuesto, que en la práctica había desaparecido puesto que llevaba tres ejercicios bonificado a cien por cien.

Su gestión y recaudación seguirá dependiendo de las comunidades autónomas, que conservan la facultad para adaptarlo a su conveniencia e incluso para mantenerlo bonificado, como es la intención de Murcia o de la Comunidad Valenciana. El Ejecutivo calcula que si se aplicara por igual en toda España los ingresos llegarían a 1.080 millones de euros anuales, que se recaudarían en 2012 y 2013 con cargo a los ejercicios anteriores.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han mostrado su apoyo a la restauración del impuesto para fortunas superiores a los 700.000 euros, ya que a su juicio se trata de un tributo "justo y equitativo" gracias al cual se podrán gravar las rentas más altas, "que en muchos casos escapan al control del Fisco de forma fraudulenta o mediante distintos subterfugios legales".

En este sentido, el colectivo hizo un llamamiento a las comunidades autónomas para que no apliquen bonificaciones al pago de este impuesto durante su tiempo de vigencia, ya que de hacerlo no sólo renunciarían a unos ingresos "vitales" para reducir el elevado déficit autonómico, sino que también estarían disminuyendo el reparto solidario de las cargas fiscales entre contribuyentes.

De no aplicarse un criterio uniforme en el ámbito nacional, Gestha alerta de que podría producirse una deslocalización de patrimonios, a través de la cual muchos poseedores de grandes fortunas podrían modificar su domicilio fiscal hacia las comunidades autónomas que eximan de su pago.

Por el contrario, el colectivo considera que la restauración del impuesto no alentará una fuga de capitales al exterior, ya que a este gravamen se debe contribuir por la fortuna mundial, es decir, tanto la situada en España como la del extranjero.