La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha iniciado una ronda de contactos políticos con el fin de instar a los presidentes de las comunidades autónomas así como al Defensor del Pueblo a interponer recursos de inconstitucionalidad contra el apartado 2 del artículo 94 de la Ley de Aguas, que reconoce el traspaso a Andalucía, Aragón y Cataluña de las competencias sobre el Dominio Público Hidráulico (DPH).

Precisamente, el Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del Real Decreto-Ley de 2011 por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas, añadiendo una nueva disposición adicional decimocuarta sobre competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico.

Con esta modificación corresponderá a estas comunidades la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico y la tramitación de los procedimientos a las que den lugar dichas actuaciones hasta la propuesta de resolución, según ha informado la titular de Medio Ambiente, Rosa Aguilar.

Así, la Federación ha confirmado que hará extensiva esta apelación tanto a los parlamentos autonómicos, como a un centenar de diputados y senadores, llegando de esta forma a todos los políticos habilitados para poner en marcha la herramienta jurídica que declare nula esta norma que atenta "en forma y fondo" contra la Carta Magna.

En relación al proceso seguido para la aprobación de la reforma, Fenacore apunta que ésta se ha realizado con "agostidad y alevosía", además de estar incluida en un paquete de medidas con el fin de que pasara "desapercibida" ante la opinión pública y conseguir sacarla adelante antes de que concluya esta legislatura.

Según explica la Federación, la Constitución reserva el Real Decreto Ley para casos "de extraordinaria y urgente necesidad" cuando la cesión de la policía del Dominio Público Hidráulico "no lo es", lo que muestra que se ha tratado de agilizar la tramitación y de incorporar la ley al ordenamiento acortando los plazos habituales del proceso ordinario de aprobación.

El caso andaluz

En su opinión, todo hace indicar que a poco más de un mes para que finalice la encomienda transitoria que el Gobierno otorgó a la Junta de Andalucía para la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Constitucional ambos trabajan a "contrarreloj" para encontrar el modelo adecuado que permita a esta región recuperar el control de la cuenca, obviando acatar las sentencias existentes.

La Federación recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional anularon este verano las competencias de Andalucía sobre el Guadalquivir reflejadas en su Estatuto de Autonomía, lo que pone de manifiesto que cualquier pretensión de territorializar la gestión del agua a través de arquitecturas jurídicas o estrategias legales debe ser igualmente invalidada.