El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado pedir a los parlamentarios del Congreso y del Senado que soliciten que la reforma de la Constitución, recientemente aprobada en las Cortes Generales, sea sometida a referéndum para su ratificación, como pedía una iniciativa presentada por Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU).

Ambos grupos parlamentarios habían presentado sendas iniciativas, que han fusionando finalmente en una, en la que se señala que la reforma de la Constitución española para limitar el déficit público "supone un ataque sin precedentes al autogobierno de Aragón y del resto de Comunidades autónomas y a la suficiencia financiera de las entidades locales" y "pone en grave riesgo el mantenimiento del Estado del bienestar y los derechos sociales".

La iniciativa expresaba su "más contundente rechazo a la reforma constitucional" e instaba al Gobierno de Aragón a "defender la autonomía financiera de Aragón y la suficiencia financiera de las entidades locales aragonesas", así como a "oponerse por todos los medios a su alcance a las consecuencias de la reforma".

El texto ha sido rechazado con 58 votos en contra de Partido Popular (PP), Partido Socialista (PSOE) y Partido Aragonés (PAR) y seis votos a favor de CHA e IU. El diputado de CHA, José Luis Soro, ha señalado que esta reforma "no sirve para generar empleo" e "incurre en un déficit mucho más grave que el presupuestario, el déficit democrático".

Además, ha advertido que supondrá "el final del Estado social" y ha lamentado que PSOE y PP hayan utilizado de "rehén" a la Constitución frente "a los especuladores" porque "no se puede incorporar una opción económica" determinada "propia de una concepción liberal" ya que "desde ahora la Constitución es de derechas y esto es inadmisible porque debe ser de todos" y por eso ha reclamado el referéndum.

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha incidido en que esta reforma "no sirve para nada" y "no se van a calmar los mercados", pero sí se ha reformado una Constitución "que era intocable" y que en más de 30 años no se había modificado, haciéndolo "en 48 horas, en un trámite de lectura única", en el mes de agosto y "con una legislatura y mandato agotados", una "tomadura de pelo a la ciudadanía" y ha dicho que se podía aprovechar el mismo día de las elecciones generales, el 20 de noviembre, para hacer el referéndum.

Situación "muy grave"

El diputado del PP, Ricardo Canals, ha opinado que "no se puede hablar de falta democracia" en la reforma de la Carta Magna, para señalar que la situación económica de España "es muy grave" y es "lo que hay que solucionar" y "a esto nos dedicamos los partidos que estamos de acuerdo" con la reforma.

Asimismo, ha argumentado que el 20 de noviembre "los ciudadanos tendrán la oportunidad de decir si se ha hecho bien o mal" y ha indicado que no se puede hablar de ataque al autogobierno porque "todo buen gobierno necesita que sus cuentas cuadren" porque, si no, "cómo es posible que, sin tener las cuentas saneada, podamos tener un Estado del bienestar".

El diputado del PSOE, Florencio García Madrigal, ha dicho que esta reforma era necesaria "por urgencia, por pretensión fundamental del empleo" y para "constitucionalizar el Estado del bienestar", para opinar que lo que proponían CHA e IU era una "pérdida de energía y una marcha atrás" respecto "al empleo y la credibilidad de España, que no ha lugar".

El diputado del PAR, Manuel Lorenzo, ha defendido una enmienda, que no ha sido aceptada por los grupos proponentes, que pedía que la ley orgánica que ha de aprobarse tras la reforma constitucional se haga antes de 30 junio 2012 "y tenga en cuenta las singularidades de cada territorio", para argumentar que la situación requiere de "decisiones inmediatas" y desear que el acuerdo alcanzado por PP y PSOE en la reforma sirva "como paso importante de consenso" y para "aplicar de una vez las soluciones".