El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha reclamado este jueves la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para que sea financieramente sostenible, ha asegurado que se está dialogando con los Colegios de Abogados para encontrar un sistema de prestación y pago "en el que todos nos encontremos cómodos" y ha garantizado que en su deseo no está privatizarlo.

Cabré en su comparecencia en el pleno de las Corts Valencianes para explicar las líneas generales de su departamento, se ha referido a la "gravísima situación económica que vivimos en España" y ha asegurado que condiciona "de forma inexcusable la forma de actuar de un gobierno responsable como el que dirige Alberto Fabra", para "no tocar en nada el actual sistema de prestaciones sociales".

A la pregunta concreta de la oposición, el conseller ha garantizado en la réplica que no van a privatizar el turno de oficio. "No vamos a privatizar la justicia ni el turno de oficio; no vamos por ahí", ha asegurado, al igual que el copago, que "ni está, ni se le espera".

No obstante, ha explicado que no podía desvelar nada más porque están en el proceso de buscar "respuestas y soluciones" con los colegios de abogados desde el "diálogo", porque, ha admitido, "claro que tenemos un problema presupuestario, claro que tenemos un sistema que efectivamente hay que modificar", pero no para "acabar con el sistema" sino para que "funcione y que todos los ciudadanos que tengan derecho a él, tengan asistencia juridica gratuíta y que no se se vean con dificultades precisamente porque hay personas que a lo mejor no deberían de tener ese derecho, seguramente a lo mejor, por culpa nuestra".

Asimismo, se ha mostrado convencido de que "las grandes crisis son también las mejores ocasiones para corregir los defectos y rectificar los errores" y ha insistido en que "vamos a hacer más con menos, sin que repercuta en el bienestar de nuestra sociedad".

También ha mencionado que se está ejecutando un plan para reducir gastos, mejorar rendimientos y el servicio de la administración de justicia y en concreto, ha indicado que van a incluir varios edificios judiciales en el Plan 2000ESE de eficiencia energética y que se ha establecido en el contrato de mantenimiento de diversas instalaciones de las sedes judiciales la obligación de la reducción del 10 por ciento de consumos energéticos a partir del segundo año, con un ahorro, a partir de 2012, de 400.000 euros por año.

El conseller ha marcado como imprescindible que el Gobierno equipare el número de jueces por cada 100.000 habitantes en la Comunitat a la media nacional, ya que sólo tiene 9,8 jueces por cada 100.000 ciudadanos y ello, ha dicho, a pesar del alto grado de litigiosidad.

Asimismo, ha informado que, dentro de sus capacidades, desarrollarán y pondrán en marcha progresivamente los servicios comunes de la Oficina Judicial. También ha aludido a la formación de los funcionarios y ha anunciado una nueva orden reguladora de las bolsas de interinos en justicia, "ya elaborada y negociada con los sindicatos de justicia".

Ley contra la violencia de genero

En cuanto a otras competencias, ha anunciado la aprobación de una Ley Integral de la Familia; la creación de un carnet monoparental; un plan de protección del menor, la creación del Observatorio de la Juventud, el IV Plan de Igualdad de Oportunidades 2011-2014 y ha informado de que elevarán al pleno del Consell un anteproyecto de Ley Integral contra la Violencia de Género y un plan autonómico de promoción de la accesibilidad para las personas con discapacidad.

Sobre la ley de Dependencia, ha indicado que la valenciana es la tercera comunidad con mayor porcentaje de personas valoradas y ha afirmado que en esta legislatura se alcanzará el "completo desarrollo e implantación" de la Ley de Dependencia.

Igualmente, ha anunciado, se está trabajando en una Ley Valenciana de Servicios Sociales, integrando en un mismo cuerpo normativo los servicios derivados de la Ley de Dependencia, la Renta Garantizada de la Ciudadanía y otras prestaciones sociales.

En inmigración, se aprobará el Plan Director de Inmigración y Convivencia 2012-2015 y se creará el portal de cooperante. En esta materia, ha reclamado que se elimine del debate político la cooperación al desarrollo como arma electoral y ha ofrecido la posibilidad de llegar a un consenso. FINANCIACION

Por otro lado, ha asegurado que van a impulsar y liderar "con el mayor consenso posible" un nuevo sistema de financiación igualitario de la justicia en todo el territorio nacional.

Por su parte, el diputado socialista Antonio Torres ha asegurado que el PP es "antisocial y corrupto" si el PSOE "no es obrero ni es social", como había dicho el conseller, (aunque posteriormente Cabré retiró estas palabras tras pedirlo el parlamentario socialista).

Torres le ha instado a pedir disculpas a los dependientes, a los parados o a los abogados del turno de oficio, entre otro, ha lamentado que la valenciana es la comunidad que "peor" aplica la ley de dependencia y ha asegurado que solo 43.000 personas están recibiendo las ayudas de las 80.000 que deberían estar disfrutándolas. También le ha instado a que le pida al presidente "que le dé menos de un 3 por ciento de lo que se ha gastado en la Fórmula 1".

Por su parte, la diputada de Compromís, Mónica Oltra, ha calificado de "sarcasmo de mal gusto" los datos dados por el conseller sobre la aplicación de la ley de Dependencia, y ha asegurado que la calificación de la gestión en este ámbito es de "muy deficiente".

La diputada ha asegurado que el Consell "no tiene dinero porque se lo han gastado en sus saraos", en "champán y fiestas" y le ha instado a reconocer que ya no tienen "para pagar la justicia gratuita, renta garantizada o la ley de dependencia".

Por parte de Esquerra Unida, Esther Lopez, ha lamentado el "boicot" del Consell a la Ley de Dependencia, que la sitúa en el penúltimo lugar en la clasificación de aplicación de la norma y ha lamentado la espera de entre 9 y 12 meses para los dependientes. Sobre la firma de un convenio con el turno de oficio, ha señalado que la prioridad es que se les pague los más de 3 millones de euros que se les debe a los letrados y le ha preguntado si pretende privatizar este servicio.