El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha dado a conocer este miércoles que la "eficacia de los controles de las ayudas" de su Consejería permitió detectar, el pasado mes de febrero, presuntas irregularidades de empresas con proyectos de inversión en la Bahía de Cádiz que solicitaban acogerse a las ayudas de reindustrialización del Ministerio de Industria, de manera que el 30 de marzo de este año se comunicaron al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, perteneciente al Banco de España, los defectos detectados en proyectos empresariales pertenecientes a un grupo del mismo empresario y, el 5 de abril, se trasladaron los hechos a la Fiscalía de Sevilla, concretamente a la sección de Delitos Económicos.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento sobre control de las ayudas e incentivos del Plan para la mejora de la competitividad y el desarrollo de la Bahía de Cádiz, Ávila ha agregado que, al mismo tiempo, representantes de la Junta se reunieron con responsables del Ministerio de Industria para alertar de las presuntas irregularidades, con el objetivo de que éste pudiera activar los procedimientos de reintegro de las ayudas concedidas por el Gobierno central.

A este respecto, el consejero ha recordado en la Cámara que todos los partidos, incluido el PP, apoyaron la propuesta de los empresarios de Cádiz para que las ayudas de reindustrialización reguladas por la Orden ITC/3098/2006 se concedieran sin la exigencia de avales, con la intención de agilizar y facilitar así los procesos de concesión del Ministerio de Industria.

Antonio Ávila ha lamentado la actitud "falsa" del PP-A en relación con este asunto y ha criticado que el presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, el pasado mes de julio, tres meses después de que la Junta hubiera denunciado las presuntas irregularidades en la Fiscalía, diera una rueda de prensa para acusar a su consejería de no tener controles sobre las ayudas y con el único fin de "erosionar" al Gobierno andaluz.

Ha querido dejar claro además que ni un euro de los gestionados por la Junta está en poder de esas empresas en las que se han detectado presuntas irregularidades. Ávila ha insistido en que los controles de su consejería funcionan "muy bien", como se ha podido demostrar en este caso. "Este supuesto intento de fraude ha sido precisamente la Junta quien lo ha detectado", según ha sentenciado Ávila.

Durante su comparecencia, Ávila ha puesto de manifiesto el impacto positivo que el Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz está teniendo en la economía gaditana con una inversión pública hasta el momento de más 686 millones de euros. El consejero ha defendido también la importancia de las Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización del Ministerio de Industria como un complemento singular de esa apuesta.

De estos más de 686 millones de inversión pública, puestos en marcha hasta ahora por las diferentes consejerías que participan en el Plan para la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz, Ávila ha destacado los 400 millones invertidos en infraestructuras, caso de la variante sur de Jerez, la ronda metropolitana de Chiclana y el tranvía de Cádiz-San Fernando-Chiclana. También ha remarcado las inversiones de 260 millones en programas de empleo o las realizadas en materia medioambiental de cerca de 7 millones en el parque metropolitano de los Toruños o en la Red de Espacios Libres de la bahía de Cádiz, entre otros.

Ha querido dejar claro que el plan no se disuelve, sino que se han tomado decisiones encaminadas a su reforzamiento. Ávila ha expuesto que la Junta ha decidido reforzar el Plan Bahía Competitiva, integrándolo directamente en la oficina de la gerencia provincial de IDEA, una decisión no que se debe, en modo alguno, a una pérdida de confianza en los responsables, sino que su reestructuración es anterior a "las manipulaciones" lanzadas por el PP-A.

PP-A

Pide dimisión del consejero

Por su parte, el parlamentario del PP-A Jorge Ramos Aznar ha pedido la dimisión del consejero ante el "evidente fracaso" de las políticas económicas de la Junta y ha apuntando que, precisamente, los gaditanos se sienten "engañados" como han puesto de manifiesto las pasadas elecciones municipales. Ha indicado que desde que se aprobó el Plan Bahía Competitiva hace tres años, el Gobierno andaluz ha "provocado" un incremento del 150 por ciento del paro en la provincia de Cádiz. "Estamos ante un fracaso en toda la regla", ha señalado.

Ramos Aznar ha criticado también la "soberbia, prepotencia y complacencia" del consejero y que mantenga un "silencio cómplice" ante la situación de "irregularidades" que se han conocido en la concesión de ayudas a empresas. Ha recordado que la Diputación de Cádiz, presidida por el PP-A, va a remitir todas las "barbaridades" que se han producido a la Fiscalía.

El diputado de IULV-CA Ignacio García ha manifestado que el Plan Bahía Competitiva nació como una especie de "amalgama de actuaciones variopintas y diversas" y, desde el principio, se ha caracterizado por ser una especie de operación "permanente de propaganda, dada la escasez de sus resultados". Ha agregado que no cabe, en modo alguno, achacar a la situación de crisis el "fracaso" en los objetivos de creación de empleo y en el desarrollo de proyectos. En su opinión, lo razonable es replantearse el plan porque sus objetivos son "mínimos".

La parlamentaria del PSOE Raquel Arenal ha manifestado que la ciudadanía de Cádiz es consciente de que los socialistas no renuncian a ninguno de los compromisos recogido en el Plan Bahía Competitiva, si bien ha admitido que habrá que reordenar en el tiempo la consecución de los mismos.

Ha criticado que el PP-A no quiera reconocer nada de lo que se ha hecho desde 2007 en materia de infraestructuras viarias o las "ingentes actuaciones en materia de empleo". Ha apuntado que al PP-A, en el conflicto de Alestis, "ni se le ha visto ni se le ha esperado" y ha denunciado la "mala gestión" que hicieron los populares en la zona franca de Cádiz en los ocho años que gobernó en España.