España necesita más de 2,2 millones de nuevos empleos para que su tasa de paro vuelva a los niveles previos a la crisis económica, según estimó este jueves la OCDE, que calificó de "preocupante" el aumento del número de desempleados de larga duración.

En su informe anual sobre empleo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indica que sus estimaciones más recientes calculan además que los elevados índices de paro en España seguirán "hasta bien entrado el año próximo".

En julio pasado, recuerda la OCDE, el índice de desempleo en España alcanzó el 21,2 %, "más de dos veces y media" el índice de la organización, que es del 8,2 % y comenta que el aumento del paro entre los españoles "no tiene precedentes en recesiones anteriores".

La OCDE se fija en particular en el número de trabajadores que han estado sin empleo durante más de doce meses, "que casi se ha duplicado desde el comienzo de la crisis". La organización destaca que tres cuartas partes de los desempleados de larga duración (con más de doce meses en paro) son trabajadores que tienen entre 25 y 54 años y que casi dos tercios de ellos tienen cualificaciones bajas.

Y avisa de que las capacidades de esos trabajadores pueden degradarse con el tiempo y los empresarios podrán preferir contratar a quienes tengan experiencia laboral más reciente, con lo que la situación de aquellos podría empeorar.

La OCDE avisa también de que la mayor parte del ajuste en el mercado laboral español se ha producido por la vía de las pérdidas de empleos "más que por ajustes en salarios o horas de trabajo" y destaca que en España existe un mercado dual que hace que sea más fácil para los empleadores deshacerse de trabajadores temporales cuando las condiciones económicas empeoran.

Recuerda la organización que desde finales de 2007 nueve de cada diez empleos que se perdieron en España eran temporales: "por consiguiente, el empleo temporal ha caído en un tercio, frente al 3 % de reducción del empleo fijo.

Respecto a las reformas del mercado laboral aprobadas en España en septiembre de 2010 y tras el acuerdo de febrero pasado, la OCDE dice que son bienvenidas pues "contribuirán a mejorar la capacidad de adaptación del mercado laboral español, al tiempo que abordan la dualidad".

Y añade que se necesita todavía actuar sobre las condiciones de percepción de subsidios de desempleo y proceder a aplicar medidas que permitan una reincorporación de los desempleados al mercado laboral.

Sobre los que reciben subsidios de desempleo, la OCDE constata que, "más de dos años después del comienzo de la crisis, más del 9 % de la población española en edad laboral" los reciben, pero añade que el aumento del número de perceptores no ha ido parejo al incremento del paro.

Y advierte la OCDE de lo que denomina "riesgo real de pobreza" para aquellos a quienes se les agoten las ayudas, antes de señalar que las aportaciones en concepto de asistencia social, que están en torno al 30 % de un sueldo medio, quedan por debajo del umbral de pobreza. Los autores del informe destacan que esas ayudas están, además, "entre las más reducidas dentro de la OCDE" para familias uniparentales.

Los autores del estudio también constatan que "los grandes perdedores han sido los jóvenes", los trabajadores eventuales y los parados de larga duración. En lo que se refiere a los jóvenes (de 15 a 24 años), su tasa de desempleo era en el primer trimestre de 2011 del 17,3 % en el conjunto de la OCDE, comparado con el 7 % de los adultos de entre 25 y 64 años.

Dentro de los jóvenes, el grupo de los que no tenían trabajo, ni estudiaban, ni estaban haciendo prácticas, que se consideran en riesgo particular de marginación suponían un 12,6 %, un porcentaje superior al 10,6 % de los que en 2008 tenían de 15 a 24 años. En cifras absolutas eran 22,3 millones de personas, entre los 14,6 millones que estaban inactivos y no estudiaban y los 7,7 millones de parados.

La organización reconoce que no hay soluciones rápidas para permitir a todos los jóvenes excluidos entrar o reingresar en el mundo del trabajo, pero apuesta por dos líneas de acción: eliminar las barreras estructurales para este grupo de edad en el mercado laboral y abordar el problema específico de los que ni estudian ni trabajan.

A este último respecto, insiste en que hay que tomar medidas "preventivas" para mejorar la educación en la primera infancia y preocuparse en particular de los hijos de las familias con bajos ingresos o con entornos difíciles.