El Ministerio de Finanzas griego anunció este martes una nueva reducción de funcionarios públicos y especificó que el impuesto extraordinario sobre la propiedad inmobiliaria aprobado recientemente deberá ser abonado incluso por desempleados y discapacitados.

En un comunicado del ministerio de Finanzas se anunció una nueva ola de despidos en el sector público, en 400 organismos estatales en los que trabajan 50.000 funcionarios, que deben de fusionarse, reducirse o suprimirse, y los trabajadores redundantes quedarán "en reserva" por un año con el 60% de su sueldo inicial, a la espera de ser despedidos o recolocados.

Las autoridades griegas no precisaron cuántos empleados públicos resultarán afectados por esta medida.

Entre los organismos implicados está la Oficina Nacional de Turismo (EOT), el Organismo de Desempleo (OAED), centros de sanidad, universidades, el Organismo de Fármacos, federaciones atléticas y otras asociaciones.

Una primera ola de despidos fue anunciada el pasado fin de semana y afecta a 151 organismos semiestatales con 20.000 funcionarios, incluyendo un canal estatal de televisión, el transporte público de Atenas y los ferrocarriles.

Por otra parte, el nuevo impuesto sobre propiedad que se cobrará durante dos años será de entre tres y 16 euros por metro cuadrado, dependiendo el valor de la propiedad, y será cobrado en la factura de la electricidad.

Los desempleados, que superan los 700.000 en el país o un 16% de la población activa, y sean propietarios, tendrán que pagar un mínimo de 0,50 euros por metro cuadrado o se les cortará el suministro eléctrico.

Las medidas son anunciadas bajo una atmósfera de presión por parte de los socios europeos de Grecia para que cumpla con un programa de reformas estructurales y fiscales para recaudar 78.000 millones de euros hasta 2015.

A cambio, se le concederá un segundo rescate, esta vez de 160.000 millones de euros, con la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la banca privada.

Grecia también está a la espera de que el FMI de luz verde a su parte del sexto tramo de 8.000 millones de euros del primer rescate de 110.000 millones de euros que se le otorgó en mayo de 2010 y que es necesario para pagar pensiones y sueldos.