El anteproyecto fomentará la formación de cooperativas para terminar con la explotación de las prostitutas.

Se establece un aumento de la edad mínima para ejercer la profesión, que pasa de los 18 a los 21 años, al considerar que esos tres años son decisivos para que una mujer pueda decidir con mayor madurez si quiere dedicarse a ello, según El Periódico.

Con este anteproyecto, el primero de su tipo en España, Cataluña se pone a la altura de países como Holanda o Alemania en el tema de la regulación de la prostitución, según El País.

Los burdeles autogestionados tendrán un máximo permitido de seis habitaciones, mientras que los burdeles "normales" gestionados por empresarios tendrán un máximo de doce.

Se intenta combatir los macroburdeles, aunque no se hace mención a qué se hará con los ya existentes.

Además, también mejorará las condiciones de trabajo de las prostitutas, llevando el máximo de horas a ocho por jornada, seis días a la semana.

Bajo la nueva legislación, los establecimientos no podrán estar a menos de 250 metros entre sí ni de los colegios.

El anteproyecto contempla la posibilidad de que los municipios establezcan zonas de tolerancia para el ejercicio de la prostitución callejera, pero sólo por un periodo improrrogable de un año, para adaptarse a la nueva situación.

Ayudas económicas y "zonas de tolerancia"

El alcalde de Barcelona, ciudad que aprobó una ordenanza que prohibe el ejercicio de la prostitución en la calle, se manifestó varias veces en contra de lo que él llama "zonas segregadas".

La ley contempla también la posibilidad de brindar ayudas económicas a asociaciones y cooperativas de trabajadoras sexuales para fomentar que puedan llevar su propio negocio y evitar la gestión de potenciales explotadores.

Asimismo, se amplían las posibilidades de actuación de la policía.

Un portavoz de Interior dijo a El Periódico que "sólo sobrevivirán los que sean muy escrupulosos con el cumplimiento de la ley".

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